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Desde que asumió la presidencia en enero, Trump ha entregado el control diario de su imperio inmobiliario y otros activos a un fideicomiso administrado por sus hijos adultos. No los vendió, como los críticos dijeron que debía hacer para evitar conflictos

Redacción central, 13 de junio (BBC Mundo).- El fiscal general de Washington D.C. y el del vecino estado de Maryland anunciaron este lunes una demanda al mandatario por aceptar pagos de gobiernos extranjeros a través de su imperio empresarial.

Karl Racine y Brian Frosh se basan en la cláusula de emolumentos de la Constitución estadounidense, que dice que ningún funcionario federal puede recibir regalos ni honorarios de un gobierno extranjero.

Qué dice la cláusula de emolumentos

• * Según la norma, "ninguna persona que tenga un cargo de utilidad o confianza" puede aceptar "ningún presente, emolumento, cargo o título, de cualquier clase, de cualquier rey, príncipe o estado extranjero".
• * Los padres fundadores de EE.UU. incluyeron esta cláusula en la Constitución para evitar que los líderes estadounidenses estuvieran en deuda con gobiernos extranjeros.
• * Los analistas legales dicen que si la Organización Trump acepta acuerdos especiales, tales como exenciones de impuestos o derechos de tierra en el extranjero, podría desobedecer la cláusula.

"Nunca en la historia de este país hemos tenido un presidente con este tipo de enredos comerciales o un presidente que se niegue a distanciarse adecuadamente de sus posesiones", dijo Racine, de Washington D.C.

Los fiscales anunciaron su decisión el lunes y la demanda -que es la primera de su tipo presentada por una entidad administrativa- afirma que Trump está "violando flagrantemente la Constitución".

La Casa Blanca ha negado las acusaciones.

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Un caso clave en la disputa es Trump International Hotel en Washington D.C., en la misma calle de la Casa Blanca (Foto BBC).

Preferencia por los hoteles de Trump

Un caso clave en la disputa es el Trump International Hotel en Washington D.C., ubicado en la misma calle en la que está la Casa Blanca.

Trump lo abrió en 2016, al arrendar un edificio que pertenecía a correos.

La demanda describe ejemplos de gobiernos extranjeros que presuntamente favorecen al hotel del presidente por encima de otros.

Cita cómo la embajada kuwaití en EE.UU. planeó celebrar un evento en un hotel de Four Seasons, pero finalmente eligió al Trump International como sede.

Maryland y Washington D.C. sostienen además que el hotel Trump perjudica a los hoteles competidores en sus jurisdicciones.

La acción legal también se refiere a hoteles internacionales de Trump, a campos de golf y a otras propiedades comerciales.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump dijo haber entregado el control diario de su imperio inmobiliario y otros activos a un fideicomiso administrado por sus dos hijos mayores.

No los vendió, como los críticos dijeron que debía hacer para evitar conflictos de interés.

La denuncia de los fiscales busca acceder a las declaraciones de impuestos personales de Trump y, finalmente, conseguir una orden judicial que le impida aceptar dinero extranjero.

Los abogados del presidente argumentan que la cláusula de emolumentos, en la que se basa la demanda, sólo pretende impedir que los funcionarios federales acepten una contraprestación especial o un regalo de una potencia extranjera y no se aplica a pagos como los de una factura por una habitación de un hotel.

La Organización Trump ha dicho que donará al Departamento del Tesoro de EE.UU. las ganancias de los clientes que representan a gobiernos extranjeros, pero no exigirá que esos clientes se identifiquen.

Otro dolor de cabeza legal

Las demandas del D.C. y Maryland no son el primer intento de obligar a Trump a separarse completamente de su imperio inmobiliario, pero aportan un nuevo nivel de legitimidad y recursos a esta finalidad, explica Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington.

Una organización no gubernamental, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (Crew, en inglés), presentó una acción legal similar en enero.

El Departamento de Justicia dijo el viernes que el grupo no se había visto afectado de ninguna manera y que no había fundamento para la demanda. El departamento también dijo que era inconstitucional demandar al presidente en ejercicio de su cargo.

"El primer obstáculo que enfrentan los fiscales es si tienen los fundamentos legales adecuados para presentar este caso", señala Zurcher. "Dado que esto es un territorio judicial desconocido, no se sabe cómo reaccionarán los tribunales".

Aunque si las denuncias de Maryland y D.C. consiguen salir adelante, Zurcher cree que las palabras del presidente -y las de sus socios- podrían usarse en su contra, como sucede con otras controversias relacionadas con Trump.

"El magnate se comprometió a liberarse de sus operaciones comerciales diarias, pero su hijo Eric ha reconocido que todavía le da actualizaciones financieras regulares", comenta Zurcher. "Además, la consejera presidencial Kellyanne Conway también fue criticada recientemente por elogiar la línea de ropa de Ivanka (la hija del gobernante)".

"Incluso en el mejor de los casos para Trump, esto representa el último de una creciente lista de dolores de cabeza legales", indica el analista.

Trump ya lidia con investigaciones de los Comités de Inteligencia de la Cámara y el Senado del Congreso y del investigador especial Robert Mueller sobre los supuestos vínculos de su campaña con Rusia, país al que las agencias de inteligencia estadounidenses acusan de interferir en las elecciones de 2016, en un intento de beneficiar al magnate inmobiliario.

Defensa de la Casa Blanca

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el lunes que "los intereses del presidente, como se discutió anteriormente, no violan la cláusula de emolumentos".

"Esta demanda es sólo otra repetición del caso iniciado por Crew, presentado por los mismos abogados, por lo que no es difícil concluir que la política partidista puede estar detrás de esto", añadió. "Así que procederemos a descartar este caso en el curso normal del proceso".

Por su parte, el fiscal Frosh, de Maryland, dijo que "las cláusulas sobre emolumentos son una pared contra la corrupción presidencial".

"Y lo único que sabemos del presidente Trump es que entiende el valor de los muros", agregó refiriéndose al plan del mandatario de construir un muro a lo largo de la frontera entre México y EE.UU.