La situación es dramática. Nadie imaginó que la Campaña Agrícola de Invierno 2016 en Santa Cruz fuera tan mala. Nuestros agricultores sembraron 100 mil hectáreas de trigo, 86 mil de girasol, 100 mil de maíz y 225 mil de sorgo esperando cosechar 1,2 millones de toneladas de alimentos, pero el clima y las plagas les jugaron una mala pasada. Con poca lluvia en junio y nada en julio, la más severa sequía en 16 años hará bajar la producción de alimentos en casi medio millón de toneladas.

Naturalmente, a quienes están lejos de la realidad agroproductiva -a los indolentes que viven de la teoría en la comodidad de una oficina, con un sueldo garantizado y bien alimentados- poco les importará tal desastre. No así a nuestros agricultores, quienes saben lo que es trabajar de sol a sol y sudar la gota gorda, recibir el golpe del polvo en su cara, madrugar cada día para ir al chaco, ensuciarse las manos y hasta accidentarse en su faena, para ellos la caída de la producción implicará perder más de 120 millones de dólares…¡una injusticia para quienes comprometen hasta su patrimonio familiar a fin de producir y que no falte alimento a los bolivianos!

La extrema sequía provocó el agresivo ataque de insectos como el gusano cogollero en el maíz, lo que podía evitarse de haberse dejado utilizar el maíz Bt genéticamente modificado que resiste esa plaga. ¿Qué cara pondrán ahora quienes se oponen a ello si ante la necesidad, Bolivia tendrá que volver a importar maíz transgénico?

No se trata de un tema menor: si el sector agropecuario cruceño se declaró en emergencia es porque a raíz de este problema no solo se deberá importar también más trigo para el pan de cada día, sino que con la baja en la producción de maíz y sorgo que se usa para producir pollo, leche, huevos, queso, etc., se corre el riesgo de que se pueda dar una subida de precios.

¡Nuestros productores del agro, los que generan el 70% de los alimentos que Ud. y yo consumimos, están sufriendo! Un Fondo de Reactivación Económica para refinanciar sus deudas con las casas comerciales e industrias financiadoras, es lo menos que se puede esperar para evitar su quiebra; y, habilitar el Comité Nacional de Bioseguridad para evaluar y aprobar nuevos eventos biotecnológicos para la soya y maíz, resulta algo imperativo.

¡Cuá

to bien le haría a Bolivia que los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de asesorar correctamente fueran al campo a darse un baño de realidad, con igual entusiasmo que para sus viajes internacionales!

(*) Economista y Magíster en Comercio Internacional

 

Santa Cruz, 20 de julio de 2016