La Paz, 13 de junio (Urgentebo).- Tras que el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, ratificará que es el expresidente Carlos Mesa culpable de que el Estado Plurinacional ahora deba pagarle $us 42 millones de la empresa chilena Quiborax, en cumplimento a un fallo arbitral de la CIADI, el abogado del exmandatario, Carlos Alarcón, manifestó que la una intención del gobierno es meter a la cárcel al expresidente de Bolivia.
El procurador del Estado salió este miércoles a refutar las acusaciones que ayer hizo Mesa, quien viajó a Sucre, para presentar a la Fiscalía un documento en el que explica que la chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia. En la explicación de Mesa, es David Moscoso, uno de los socios de la de Non Metalic Minerals-Quiborax, reconoció que se usó un acta falsificada para "sustituir el acta del 11 de septiembre de 2001 a fin de revocar los poderes anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje".
Ante esta aseveración, Menacho descalificó al expresidente y dijo que es “un canalla” y “miente” para eludir su responsabilidad. Indicó que Mesa emitió el Decreto Supremo 27589 de manera ilegal con la que recuperó el Salar de Uyuni.
Al respecto en entrevista con el periódico digital Urgentebo.com, Alarcón dijo que esas afirmaciones carecen de fundamento jurídico.
“Lo que si queda claro es que la defensa de Bolivia hizo una defensa pésima. Primero porque no hizo valer elementos contundentes como la falsificación del acta, eso se debió defender a capa y espada por la Procuraduría”, señaló.
Además, Carlos Mesa criticó que Bolivia haya pactado con un abogado chileno, que asesora a su país en la demanda marítima la reducción de la deuda. Para el Procurador esta es una actitud “baja” que comete el expresidente, cuando fue dijo, Evo Morales que le confió la vocería a nivel internacional.
Alarcón cuestiona que ahora los decretos aprobados por el Gobierno de Mesa (2003-2005) para recuperar los recursos naturales sean observados por la Procuraduría, cuando en su momento reconocieron que eran legales en todo el proceso del arbitraje.
“Pierden el arbitraje, gira 180 grados, y ahora los decretos por arte de magia se volvieron ilegales porque no hubo una buena defensa. Y la cereza de la torta es que el Gobierno de Evo Morales quiere demoler a Carlos Mesa a la cárcel, quiere meter al vocero de la demanda marítima a la cárcel que defiende el tema del mar”, subrayó el jurista.
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