14 de enero (Urgente.bo).- En las últimas horas, diferentes sectores productivos del país se declararon en emergencia, exigiendo la abrogación de la disposición adicional séptima en la Ley Nº 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, ya que facultaría a “entidades competentes” para decomisar productos.
El sector agropecuario, empresarios, transportistas y gremiales son los principales sectores que rechazan esta disposición y esperan sumar a otros sectores, como turismo, educación, salud y juntas vecinales del país.
“Se debe respetar la propiedad privada y por eso exigimos la derogación de la disposición adicional séptima”, ratificó César Gonzales, dirigente Nacional de los Gremiales.
SUS PEDIDOS
Este lunes se realizó una reunión multisectorial en Santa Cruz, donde se determinó como primer punto exigir al Gobierno Nacional la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado. Según los representantes de los diferentes sectores, la medida permite que funcionarios de gobierno ingresen a los almacenes de los comerciantes y productores.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, ratificó el rechazo a la disposición adicional séptima, aprobada en diciembre junto a la CAO y otros entes empresariales del país, porque consideran que es una medida discrecional, arbitraria y, en algún momento, puede llegar a ser extorsiva.
“Ya existe una norma anticontrabando, entonces, ¿por qué ir contra el sector formal, contra el empresario? Los contrabandistas son los que se están llevando los recursos. No es solo el tema de los alimentos; hay una estimación que, por ejemplo, supera los 600 millones de dólares en contrabando de combustible, afectando directamente la subvención de los bolivianos”, aseguró.
En este sentido, dieron un plazo de 14 días al Gobierno para derogar la disposición, de lo contrario, desde el 27 de enero iniciarían una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Asimismo, se informó que el próximo 20 de enero se realizará un segundo encuentro multisectorial en La Paz, donde se determinó invitar a otros sectores como turismo, educación y juntas vecinales para sumar fuerzas en la lucha contra esta medida.
Este lunes un sector gremial de El Alto tambien marchó por el centro de la ciudad de La Paz en rechazo a esta disposición al igual que este martes: “El Gobierno nacional tiene un plazo razonable para escuchar las diferentes demandas de estos nobles sectores, que no son una carga para el Estado, pues generamos nuestro propio empleo. Trabajamos largas horas, sin seguro de salud ni jubilación, y estamos cansados de que normativas salgan ‘por debajo’, de contrabando, afectando a estos sectores, que hasta la fecha hemos estado movilizándonos de manera independiente”, expresó el dirigente gremial.
AFIRMAN QUE NO PERJUDICARÁ SUS ACTIVIDADES
Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, aseguró que esta disposición no va en contra de ellos y afirmó que “esta disposición no perjudica a quienes se dedican al comercio lícito, que necesariamente deben tener un stock para distribuir en el mercado interno. Está dirigida contra las personas que almacenan productos con fines de contrabando”, mencionó.
Asimismo, Silva indicó que la disposición aún está en pausa y requiere una reglamentación. Instó a estos sectores a participar en su elaboración. “La reglamentación de esta disposición normativa aún no se ha elaborado, pero se encuentra en proceso. Para ello, se está convocando a los sectores que puedan verse afectados o que deseen contribuir a una reglamentación que proteja al sector productivo y combata el contrabando inverso”, destacó.
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