La Paz, 24 de agosto (Urgentebo).- El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su voluntad de adherirse al Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, para el fortalecimiento de su legislación nacional, informó la UNODC en un boletín de prensa.
El interés fue expresado por autoridades de los ministerios de Gobierno, Defensa y Relaciones Exteriores y la Fiscalía General del Estado y apoyado por la Comisión de Defensa de Cámara de Diputados, durante la misión a Bolivia de Simonetta Grassi y Lucía Gómez, Oficial Legal de la Sección de Crimen Organizado y Justicia Penal y Coordinadora para América Latina y el Caribe, respectivamente, del Programa Global de Armas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés).
En América Latina, las armas de fuego tienen una estrecha relación con la comisión de delitos violentos, como el homicidio y los delitos contra el patrimonio, como el robo, el asalto y otros de carácter transversal. Con la adopción de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), en diciembre del 2000, y de su Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, la comunidad internacional se dota de unos instrumentos globales y vinculantes, que marcan el camino para una lucha integrada y efectiva contra estos flagelos.
En la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional ha reconocido el nexo estrecho y problemático entre el tráfico ilícito de armas, los flujos ilícitos financieros y el crimen organizado, identificándolos como obstáculos al desarrollo.
El propósito de la adhesión de Bolivia a este Protocolo en el marco de su normativa legal es la regulación de la tenencia de armas para evitar su desvío a la comisión de delitos, el fortalecimiento de las capacidades nacionales en la investigación y enjuiciamiento, la represión del tráfico ilícito de armas, así como sus nexos con la delincuencia organizada transnacional, entre ellos el narcotráfico.
Durante su visita al país, las representantes del Programa Mundial de Armas, acompañadas por el Oficial de Programas de la UNODC en Bolivia, Carlos Díaz, analizaron el estado de situación del control de armas y la política nacional en la implementación de la Ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados (Ley 400) y sus Decretos Reglamentarios.
En Bolivia, la problemática de las armas de fuego, y su fabricación y tráfico ilícitos, representan una de las preocupaciones prioritarias, tanto por sus nexos con la criminalidad urbana, como a sus crecientes niveles de violencia, como con la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, de las cuales se nutre y enriquece.
El gobierno de Bolivia solicitó la asistencia del Programa Global de Armas de la UNODC, para brindarle asesoría técnica y acompañarle en el proceso de reglamentación y aplicación de la ley de armas y el fortalecimiento de las capacidades en todos los niveles del Estado, con el fin de dar cabal cumplimiento a sus compromisos nacionales e internacionales de prevención y combate del tráfico ilícito de armas y sus delitos conexos.
La misión del Programa Mundial de Armas también mantuvo una reunión con la comunidad de donantes en la cual participaron representantes de la Unión Europea, España, Suiza y Suecia. La UNODC dio un amplio panorama sobre la política nacional y situación de Bolivia en el control de armas, exponiendo los esfuerzos y buenas prácticas realizadas por las instituciones nacionales, así como el análisis realizado sobre la implementación de la Ley 400 y sus decretos reglamentarios.
