Al parecer, y a partir de las próximas semanas, la suerte estará echada, en referencia a la inminente, elevación de tarifas del transporte en el servicio público del país.
Ese unilateral e ilegal y hasta desconsiderado anuncio, hecho por la dirigencia del transporte, ha provocado obviamente inquietudes y hasta escalofríos en varios sectores de la población, que advierten consecuencias, aun más drásticas a las experimentadas actualmente, principalmente, en el ámbito económico.
Esta elevación propuesta, si encuentra opciones para su consumación, con las pretensiones planteadas, empujaría aún más al actual descontrol, que lidiaría inclusive, con los efectos de debacle en los sectores poblacionales desfavorecidas, y precisamente en esta época del año, que al margen de la parca disponibilidad económica, no cuentan con la prerrogativa del aguinaldo o la vacación, de los otros estamentos sociales.
Dadas las actuales condiciones de resistencia y aguante social a la crisis económica, que de manera arrogante expresa su signo espiral; una lógica reacción, obliga ineludiblemente, a considerar la variación de las actuales tarifas del transporte público en sus diferentes versiones, pero éstas deberían tener un carácter racional, real y sensato, y no ser estimulados, por comportamientos reacios, que tienden a evitar un ambiente de generación del diálogo, y de pleno entendimiento entre los prestadores de estos servicios y la población.
Al final, y por las actuales circunstancias, se considera un hecho la alteración del actual tratamiento tarifario en general, sin embargo, se eluden y hasta proscriben otros factores propios y colaterales de esta pretendida “nivelación”, entre ellas: la tradicional e incluso característica ausencia de la calidad de los servicios, el lamentable estado físico y técnico de los motorizados, la preocupante higiene de los propios conductores, el notorio aseo al interior de los motorizados, los cuestionados y abarrotados traslados de pasajeros, el definitivo irrespeto a los reglamentos de vialidad, el inaceptable trato a la autoridad del ramo, la reprochable comportamiento del conductor a sus pasajeros, el indecente uso inapropiado de sus vocabularios, la intolerable arbitrariedad en el cumplimiento de sus rutas fijadas, la ilegal evasión a las revisiones técnicas e impositivas, etc. etc.
Todo ello, concretamente son desniveles, y que por sus acciones y reacciones de los propios conductores o de sus portavoces del transporte organizado, ni siquiera mencionan, ni lo harán en sus pronunciamientos o negociaciones en las instancias pertinentes.
En otras palabras, la amenazadora “nivelación” anunciada, debería ser precedida por poner a nivel, las desnivelaciones citadas, una vez superadas ellas, pero todas ellas, las condiciones estarán dadas para una fundada variación del actual sistema tarifario.
Pero, las predisposiciones de las partes, para la consideración sólo de las “nivelaciones”, serán declaradas prioridades, urgentes, impostergables, de carácter vinculante, y además de cumplimiento inmediato, y no así, las desnivelaciones que seguirán, arrogantes y desafiantes, mientras la población con su estoicismo también tradicional, seguirá abrazando su padecimiento y agazapada a su típica resignación.
Se suma a todo ello, una especie de reto protagonizado entre las autoridades y los transportistas, referida al específico estudio técnico para la determinación del alza de las tarifas. La ley dictamina y sentencia a los gobiernos municipales y departamentales, exclusiva tuición en la fijación y control de las tarifas para el traslado de pasajeros, sustentadas en un previo y obligado estudio técnico, realizadas también por estas instancias públicas.
A la fecha, y en diferentes municipios del país, la dirigencia de los transportistas, unos encargaron, otros dicen tenerlos, y los demás amenazan, con lo mismo, es decir, contar con uno, prescindiendo de las disposiciones oficiales, este documento técnico, según ellos les “permite”, establecer sus propias tarifas, e inclusive la fijación de fecha para su aplicación. Esta especie de duelo, en el que los trabajadores del volante ya llevan la delantera, en los hechos significará que, el trabajo oficial y legal de los municipios, fueron o serán desvirtuadas, desestimadas y talvez, descalificadas.
Actitudes definitivamente inaceptables e intolerables. Es tiempo ya, que la autoridad, ejerza su plena, legítima e innegociable función: autoridad, por lo menos en este rubro.
