La Paz, 31 de octubre (Franz Chávez, para Urgente.bo).- Cuatro personas probablemente no habrían sufrido prisión, si la rigurosidad del trabajo periodístico hubiera otorgado el derecho a la contraparte en el momento de su detención, en equilibrio con la “versión oficial” que aplicó condena pública y mediática por delitos que no cometieron.

En periodismo, la contraparte es la versión del supuesto acusado y que, en el caso boliviano, está protegido por el artículo 106 de la Constitución, vigente desde febrero de 2009, que garantiza a los ciudadanos el derecho a la réplica. El artículo 116 “garantiza la presunción de inocencia”. Los códigos de ética de medios y organizaciones periodísticas prevén su aplicación.

En el desaparecido periódico Última Hora, el periodista Juan Javier Zeballos (1943-2011) que ejerció las funciones de subdirector, durante los años 90 impuso el requisito de la contraparte informativa a cada noticia. Los periodistas que olvidaban incluirla, eran conminados a retornar desde sus domicilios, aún a altas horas de la noche, para completar las historias.

El periodista colombiano y experto en ética periodística Javier Darío Restrepo (1932-2019) examinó el tema del esclarecimiento de un hecho en un artículo para la Fundación Gabo. “Los valores periodísticos tradicionales deben celebrarse y respetarse: informar, verificar, recoger testimonios, intentar de verdad descubrir lo que pasó”.

La agencia inglesa Reuters recomienda que “la mejor manera de evitar causar daño al público es proporcionando los hechos completos, todos los lados de un argumento y el contexto relevante en prosa neutral. Cuando el acceso a la información está restringido, o falta una pieza del rompecabezas, debemos decirlo”.

 “La versión de la contraparte no solo es necesaria sino una obligación del periodista. Y es un derecho de la persona imputada a que se conozca su versión de los hechos. No recoger el punto de vista de la contraparte es negarse a conocer la verdad, cuando el principal fundamento del periodismo es precisamente es buscar la verdad”, afirma el periodista y jefe de la Unidad de Investigación del diario peruano La República, Ángel Páez (1963).

El periodista de investigación explica que es fundamental verificar si la investigación policial ha sido correcta. “Por ejemplo el periodista determinará en qué se ha basado la autoridad para proceder a la detención e informar si la persona ha ejercido su derecho a la defensa”.

HISTORIAS TRAS REJAS

La contraparte periodística puede evitar la detención y encarcelamiento indebido de personas que, presentadas inicialmente como culpables de un delito, necesitan ejercer su derecho constitucional a réplica para demostrar inocencia antes de terminar olvidados en las cárceles.

De haber obtenido el acceso a ese derecho, las personas señaladas en los testimonios que reproducimos a continuación, habrían tenido mayores posibilidades de evitar los malos tratos, destrucción de su imagen y la privación de libertad.

30 kilómetros (19 millas) separaban a Reynaldo Ramírez del escenario de un crimen, en la mañana del 25 de noviembre de 2014.

A las 8.30 horas de ese martes, Ramírez llegaba hasta su fuente de trabajo con heridas sufridas al accidentarse en su motocicleta. Minutos antes era dado de alta en el hospital de la ciudad de Warnes donde recibió auxilio para sus heridas.

A las 9.45 horas, en un popular barrio de la distante ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se consumaba el asesinato de Verónica Menacho.

El 11 de mayo de 2015, Ramírez fue detenido en la ciudad de Cochabamba, por un aparente parecido con el responsable del asesinato, y de inmediato fue llevado hasta la ciudad de Santa Cruz y presentado a los periodistas.

Aún en estado de conmoción por la golpiza en celdas policiales para autoincriminarse, tímidamente dijo a los reporteros: …me declaro inocente. “Había sufrido golpes y tortura, sino hubiera habido tortura, habría sido diferente”, argumenta.

Relata que durante la difusión de las noticias en los medios se daba mayor relieve a “falsos informes” sobre una supuesta huida a Chile antes que a su versión.

Transcurrió un año y la familia del acusado alertó a los periodistas que un inocente era procesado. Ahí les dije que me declaro inocente porque no conocía a la familia de la víctima, explica.

Luego, la propia familia del acusado se encargaría de buscar y llegar a identificar al asesino (Moisés Bascopé) y, con el análisis pericial del capitán de policía Cristian Sánchez, consiguieron liberar a Ramírez tras dos años y dos meses de prisión en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Sin derecho a expresar su versión ante la prensa (contraparte), el profesor de música Adhemar G. A. cumple 227 días de prisión en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

Acusado de violación a un menor, y con una amplia difusión de su imagen en el horario de mayor audiencia de la televisión local, el joven profesor fue detenido el 16 de marzo de este año, y un juez determinó el plazo para la demostración del delito hasta el 16 de septiembre de 2020, pero hasta el momento no se ha demostrado su culpabilidad, afirman su familiares.

El abogado defensor de Adhemar se aproximó a la periodista de un canal de Tv local que difundió la noticia de la detención para ejercer el derecho a la contraparte. Ella lo miró sorprendida al saber que la acusación estaba en duda, no respondió y volteó para retirarse del lugar, narra la familia del afectado.

Los expertos en comunicación llegaron a un consenso: no existe noticia falsa (fake news), porque si es falsa no es una noticia, pero en este caso los televidentes recibieron una noticia sin contraparte y no confirmada con un fallo judicial.

 “Nunca estuve cerca del menor”, declaró el profesor que durante su reclusión recibe la solidaridad de estudiantes y maestros de música clásica y coral, un antecedente ignorado por el juez que lo considera un preso de alta peligrosidad. El joven maestro e instrumentista de cuerdas pasa los días de reclusión enseñando a tocar guitarra a los internos del penal localizado a 20 kilómetros de La Paz.

El capitán de policía, Felcy Antonio Calderón, lleva una paciente espera de nueve años y ocho meses por acceder a una contraparte periodística para explicar que es inocente de los cargos de asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas dentro de un caso que involucra al general retirado, René Sanabria, que cumple condena de 14 años en Estados Unidos, por tráfico de drogas.

Calderón, junto a otros tres oficiales, fue mencionado en notas periodísticas por presunta vinculación con el exgeneral pero no tuvo oportunidad de contar su historia. Estuvo encarcelado de manera preventiva por cuatro años y cinco meses en el penal de San Pedro de La Paz.

 “Me han escuchado varios periodistas” a los que enseñé evidencias de mi inocencia pero desde el día de mi privación de libertad, el 25 de febrero de 2011, no se publicó mi versión. Por el contrario me atacan con declaraciones de personas a las que he investigado, aprehendido o descubierto en flagrancia (mientras cometían un delito), explica.

Me involucraron en la red Sanabria, pero no se demuestra cuál sería mi participación, dice el oficial que obtuvo su libertad al haber vencido el plazo de detención preventiva. Su proceso continúa.

Confirmar la inocencia del médico Jhiery Fernández, al que se condenó sin pruebas por la violación de un menor, representó la pérdida de su libertad para el periodista Carlos Quisbert.

Detenido el domingo 8 de marzo de 2015, acusado por interferir con la justicia, y liberado tras protestas de sus compañeros el jueves 12 de marzo, Quisbert quebró la rutina y no se quedó con la “versión oficial”.

Una jueza admitió en una grabación filtrada a los medios que Fernández fue condenado a 20 años de cárcel sin pruebas.

El abogado de Fernández afirma que la noticia de la inocencia solo tuvo repercusión en los medios después de conocerse la versión de la jueza Patricia Pacajes. Hasta ese momento, Quisbert fue el solitario periodista que buscaba comprobar, a través de diferentes fuentes, la inocencia del médico que estuvo preso durante cuatro años.

El artículo nueve del código de ética de los diarios agrupados en la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) señala que los medios están obligados a rectificar los errores, equivocaciones o inexactitudes en los que hubieran incurrido al difundir informaciones o comentarios, aunque no hubiera reclamos ni pedido de rectificación de los afectados.

///