Afortunadamente en los últimos días, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó $us 75 millones de la CAF para el “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos ante Eventos Adversos del Clima”. No obstante, debido a temas políticos, están pendientes de aprobación más de $us 1,6 mil millones de financiamiento externo, aspecto que afecta a los beneficiarios finales, que ven postergada la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura, con el riesgo de que estos recursos sean revertidos por parte de los organismos financiadores.
Cada tipo de financiamiento que llega al país; créditos, asistencia técnica, donaciones y otras formas de cooperación como la triangular, apoyo mutuo entre países de similar situación de desarrollo, tienen una gestión previa que se refleja en periodos extensos de negociación, mismos que pueden demorar años, debido a que deben cumplir no solo requisitos y procedimientos de aprobación de los países destino sino también por parte de los países u organizaciones origen de estos recursos.
Entre los requisitos, está la presentación de programas o proyectos a diseño final y con sus diferentes características y que deben ser aprobados por la autoridad sectorial, en el marco de las directrices y prioridades sectoriales de cada país beneficiario y en concordancia con las políticas de los organismos financiadores, mismos que son evaluados inicialmente por la instancia de planificación del país para su posterior remisión a las diferentes agencias de cooperación multilateral, bilateral u otras instancias de financiamiento internacional.
Las agencias de cooperación también requieren de procedimientos y requisitos para aprobar un programa o proyecto que en muchos casos se desprenden de acuerdos marco suscritos previamente por un periodo de tiempo y para áreas definidas. Las instancias de aprobación como directorios, comisiones, parlamento u otro órgano equivalente de decisión, pueden viabilizar o no el financiamiento de recursos económicos para el país beneficiario.
Así como en nuestro país se requiere de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el tema de empréstitos, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, al igual en los organismos financiadores existen procedimientos y mecanismos de aprobación, aspectos burocráticos que dilatan la llegada de dichos recursos, para que puedan ser utilizados en la ejecución de programas y proyectos para sus respectivos beneficiarios.
El problema de fondo es que, al no aprobarse en los tiempos establecidos, se posterga el derecho de la población a mejorar su calidad de vida y atender necesidades de emergencia. Están bloqueadas iniciativas de salud, transporte, construcción de carreteras, energías renovables, riego comunitario y familiar, entre otras obras públicas que benefician al país en su conjunto.
La historia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) nos muestra el afán de los representantes por encontrar la mayoría y/o los dos tercios en la ALP, a objeto de viabilizar la aprobación de leyes, como es el caso de los empréstitos, ejerciendo acuerdos políticos, mas no programáticos, vale decir que lamentablemente la visión política se sobrepone a los beneficios que estos programas y proyectos puedan generar para la población.
La vieja política deleznable de pactos que conllevaron a “coaliciones” y “megacoaliciones”, sumadas a escenas inaceptables en la ALP, parecían cosas del pasado, no obstante, constantemente vuelven a repetirse, promovida por grupos extremos que efectúan cálculos políticos preelectorales, deteriorando de esta manera la imagen del poder legislativo y lo que es peor aún, obstaculizando la aprobación de programas y proyectos que podrían estar beneficiando a los bolivianos. Sería bueno cambiar de actitud, priorizar lo colectivo y dejar de lado la mezquindad individual.
Gustavo Gómez es economista
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