Washington, 7 de enero (IPS Noticias).- La reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela es ilegítima y el gobernante se encamina a encabezar un régimen de facto a partir del 10 de enero, aseguró en un informe divulgado este martes 7 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
“La crisis política y de derechos humanos en Venezuela es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”, asentó el documento.
Esa cooptación “ha facilitado el establecimiento de un régimen de facto” pues las circunstancias que rodearon la elección del pasado 28 de julio implican “una alteración grave del orden constitucional”.
“A la comunidad internacional le corresponde “mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas, y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia” en Venezuela, plantea el documento de 87 páginas.
El 10 de enero se inicia un nuevo sexenio presidencial en Venezuela y se prevé la investidura de Maduro para un tercer período consecutivo, luego de que el poder electoral le proclamó vencedor en la elección del 28 de julio, con 53 % de los votos versus 43 % de su principal contendor, el opositor Edmundo González.
Sin embargo, los resultados de la elección desagregados por mesas, municipios y regiones nunca fueron presentados oficialmente, y en cambio la oposición muestra actas de 85 % de las mesas que dan vencedor a González con 7 443 584 votos (67 %) frente a 3 385 155 de Maduro (30 %).
Estados Unidos, Canadá, varios gobiernos de América Latina y la mayoría de los de Europa reconocen a González como presidente electo o vencedor de la elección, y se abstendrán de enviar representantes a la investidura de Maduro, aunque anunciaron que sí lo harán Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Honduras y México.
González, exiliado en España desde septiembre, visita esta semana varias capitales de América y anuncia su intención de regresar a Venezuela para asumir su cargo, posiblemente partiendo de República Dominicana el día 9. Varios expresidentes de la región se han propuesto para acompañar a González en ese viaje.
El gobierno venezolano ha anunciado que apenas ponga un pie en el país será detenido para procesarlo por traición a la patria y otros delitos, mientras se adelantan los preparativos -con fuerte despliegue de seguridad policial y militar- para la investidura de Maduro.
La principal líder de la oposición, María Corina Machado, en la clandestinidad, ha convocado a la población para que se manifieste en las calles desde el día 9. También el oficialismo ha llamado a marchas y concentraciones.
Después de que el poder electoral proclamó a Maduro, se registraron protestas callejeras que fueron severamente reprimidas, y en ese contexto perecieron al menos 25 personas, decenas resultaros heridas, y más de 2000 fueron detenidas, incluyendo unos 150 menores de edad.
La represión “incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, según la Cidh.
El documento detalló una serie de violaciones a los derechos humanos, incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.
Desde antes del 28 de julio, el Estado venezolano “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”.
Tras la jornada electoral, “la violencia aumentó en respuesta a las protestas de rechazo al fraude. Alrededor de 300 manifestaciones espontáneas fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque”, según la Cidh.
En sus recomendaciones, la Cidh llama al poder en Venezuela a cesar inmediatamente la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, así como a liberar urgentemente a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Asimismo, insta a restablecer el orden constitucional, a reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos, a publicar todas las actas de votación, y a permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional.
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