El domingo 5 de abril de 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaba un resultado sombrío para el Movimiento al Socialismo (MAS); Luis Revilla, por voluntad del 58.9% de los paceños, fue reelecto Alcalde de La Paz.
Era la segunda vez que el MAS apostaba con fuerza a tomar el municipio de mayor solidez institucional del país, por una decisión y convicción ciudadana que no permitió que se perpetre ningún tipo de inestabilidad.
El MAS lo intentó cinco años antes, con Elizabeth Salguero en el 2010, siendo derrotada con 34,9% frente al 48,5% del Movimiento Sin Miedo (MSM), que postuló por primera vez a Luis Revilla a la alcaldía paceña.
Tras conseguir dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las elecciones generales de octubre de 2009, Morales rompió sorpresivamente con su aliado y decidió ir solo a las elecciones municipales en La Paz, sin lograr un resultado exitoso hasta el presente.
Mostrando su falta de lealtad al MSM, cuando los dos tercios en la Asamblea ya estaban bajo su control, el MAS tuvo que cambiar de estrategia para socavar el liderazgo de Revilla, no solo en La Paz, sino con repercusión en el país y así evitar que, junto a otros liderazgos regionales, obstaculizara el propósito de llevar a una re-re-reelección a Evo Morales, soslayando el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que la población rechazó con el 51.3% la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) que no permite al presidente o vicepresidente del Estado Boliviano a postularse por tercera vez a una elección.
Hay que buscarle todo...
Revilla tuvo que sobrellevar una fiscalización obsesiva por parte de la Contraloría como ningún municipio, al extremo de que la misma solicitó –como lo señalara en constantes oportunidades el propio Alcalde– una oficina exclusiva para comodidad de sus más de dos docenas de funcionarios abocados exclusivamente a poner bajo la lupa a su gestión.
El acoso político gubernamental llegaba por distintos niveles. Sólo durante la gestión 2016 recibió 736 requerimientos de información de distinta índole, en las que trabajaban, para dar respuesta, 105 funcionarios de diferentes áreas, como reza parte de un comunicado hecho público por la Alcaldía el 17 de enero de 2017 en distintos matutinos.
Dámaso Ninaja, Alcalde del Municipio de Achocalla, recordado por arrodillarse ante el presidente Evo Morales en acto público, calificándolo como "genio" y proclamándolo como “¡Presidente por siempre!”; días después de haber firmado un acuerdo con el Alcalde Luis Revilla, –el 28 de enero de este año– propiciado por el propio Presidente Morales para levantar el bloqueo en el relleno sanitario de Alpacoma, que asfixiaba por 12 días a la ciudad de La Paz, para denunciarlo poco después por "grave daño ambiental y atentado a la salud pública".
Era la figura perfecta para que se encienda todo el aparato judicial y desembocara en una lluvia de denuncias improbadas, con el objetivo que buscaron desde hace casi 10 años: tomar La Paz.
Activaron toda la artilleria judicial posible, sin ningún límite. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) –designado el 2017 tras la elección de una lista propuesta por los dos tercios del MAS en el parlamento, en el que el voto nulo y blanco ganó abrumadoramente–, se portó muy diligente y el 16 de mayo de 2019, emitió la Sentencia Constitucional 0228/2019-S4 y sobre la base de argumentos cuestionables, aseguró que se había encontrado supuestos “ilícitos” penales, instruyendo de inmediato al Ministerio Público –comandado por Juan Lanchipa, designado como Fiscal General del Estado por la mayoría masista en la Asamblea– que active mecanismos de persecusión penal, únicamente contra el alcalde Luis Revilla por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, haciendo a un lado a las instancias del nivel central y departamental que necesariamente debieran estar consideradas en este caso.
No es posible determinar la responsabilidad penal sobre ninguna persona sin contar mínimamente con una auditoría ambiental que debe realizar el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, según el Decreto Supremo 24176, que establece que la auditoría es el instrumento que determina, a través de análisis, pruebas y confirmación, la situación ambiental de cualquier actividad.
El TCP no realizó ningún estudio técnico-científico que le permita obtener conclusiones sobre las causas del deslizamiento de una celda en el relleno sanitario de Alpacoma en enero. Bajo la observada sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, la denuncia de Dámaso Ninaja sirvió de suficiente pretexto para que la Fiscalía impute a Revilla con la posibilidad de alejarlo de la alcaldía de La Paz.
No es la única denuncia que busca ese objetivo, a ella sumaron cuatro procesos promovidos por militantes del MAS, como si se tratase de una competencia, con la evidente intención de afectar la imagen del alcalde paceño y desestabilizar la gestión municipal. Entre los denunciantes están Betty Yañiquez, diputada y jefa de la bancada del MAS, Valeria Silva, diputada y candidata por el MAS, Sonia Brito, diputada del MAS, Remberto Calani, diputado suplente del MAS y Rogelio Mayta, ex asesor y abogado de la concejala Cecilia Chacón, ex ministra de Defensa del Presidente Evo Morales.
Los procesos iniciados por los citados miembros del MAS acusan a Revilla de delitos contra la salud pública y daño medioambiental en el caso de Alpacoma, el caso de la curva del Holguín (WTC), la supuesta doble percepción de funcionarios municipales en el programa “Yo soy mi primer amor” desarrollado por Maricruz Ribera, esposa del alcalde entre otros.
Al parecer la intención que el oficialismo persigue es el de perpetrar un golpe municipal contra Luis Revilla, sumado a un propósito de desprestigio debido a su condición de aliado de Carlos Mesa, principal contrincante de Evo Morales en la contienda de octubre.
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