30 de septiembre (Revista Oxígeno).- "Lo amaba y él a mí, al menos eso pensé. Me casé porque creí que sería feliz, pero él me borró la sonrisa para siempre. En una ocasión, rompí por error su frasco de perfume favorito, quise disimular, pero mis nervios me delataron. Cuando él llegó me dio un puñete, luego fueron dos y después perdí la noción. No es todo, una vez descubrí que me era infiel y al reclamarle me dejó el rostro ensangrentado. Quise huir de mi desdicha junto a mis hijos, pero él me retuvo”.
“Pensé en denunciarlo, pero me han dicho que es costoso y para tiempo, entonces lo perdoné, y mi calvario siguió con abusos y humillaciones. Ya no pude más y con las pocas fuerzas que me quedaban lo enfrenté; no sé si fue una buena o mala decisión. Hoy extraño bastante a mis dos hijos, ambos son aún pequeños y sé que lloran por mi ausencia. Si hubiese denunciado a mi pareja o huido al primer golpe, quizá no estaría en esta cama de hospital. No puedo moverme, ni abrir los ojos, estoy conectada a un respirador. Los médicos dicen a mis familiares que tengo muerte cerebral por la brutal golpiza de mi marido y ellos analizan desconectarme. Ojalá sea una pesadilla”.
Se trata del diario de vida de Viviana. Lo tituló: “Los maltratos de mi marido”. En él escribió los detalles de los episodios de violencia. Hoy su familia pide justicia porque el agresor está libre y la víctima, en estado vegetativo; al igual que este caso muchos otros aún están impunes.
Según la Fiscalía, hasta el 2 de agosto se reportaron 70 casos de feminicidio a nivel nacional y La Paz es el departamento que lidera la lista. Los testimonios evidencian que, en cada caso, la saña contra la víctima es mayor.
Este año los feminicidios e intentos de feminicidio conmovieron al país. En los últimos tres meses se sucedieron uno tras otro, pese a la ley 348 Para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia. Esta es una norma completa y “bonita”, pero es muy complicada para ponerla en marcha, explica Nidia Coca, presidenta del colectivo Mujeres de Fuego-Cochabamba.
Las estadísticas hablan por sí solas, solo el 1,3% de los procesos por el delito de feminicidio termina en condena, lamenta Mercedes Cortez, de Voces Libres. Entonces, la ley que fue lanzada para reducir los feminicidios no se cumple.
El vía crucis de la denuncia
Alicia, de 38 años, ya no aguantaba más la violencia que sufría a manos de su esposo. Ella sentía miedo y hasta vergüenza de relatar los abusos, pero un día dijo basta y decidió denunciarlo. Se armó de valor y fue hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. “Regrese la próxima semana si es que la vuelve a golpear”, fue la última y única respuesta que obtuvo de la Policía. Días después ella fue asesinada por su esposo, relata Coca.
El artículo 17 de la Ley 348 menciona que “el personal de los servicios de salud de todos los niveles públicos, de seguridad social y de servicios privados, en caso de detectar en la paciente signos de haber sufrido cualquier tipo de violencia, deberá reportar el caso de forma inmediata y obligatoria a la FELCV o al Servicio Legal Integral Municipal - SLIM más próximo”.
Sin embargo, el 50% de los asesinatos de mujeres tuvo una denuncia previa contra el agresor cuyos datos se encuentran en las instituciones que deben proteger a las féminas, según la ley 348. Pero el Estado les falló a las mujeres. “Ellas ya les habían dicho que su vida corría peligro, ya habían hecho conocer a las autoridades el riesgo que estaban llevando (…) lo que ha pasado en la mayoría de los casos es que simplemente no han creído en las víctimas”, explica Coca.
Cuando una víctima de violencia decide denunciar a su agresor debe estar acompañada de un abogado; de lo contrario, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) le otorgará un profesional, pero, éste solo ofrece asesoramiento.
Sin embargo, ese no es el primer “tropiezo”. Muchas mujeres que denuncian a su pareja, tienen que sacar fuerzas para narrar y repetir su sufrimiento ante tres instancias: el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y luego la Fiscalía. Un paso bastante difícil para ellas.
Según la ley, “la FELCV realizará el seguimiento por setenta y dos (72) horas a las mujeres en situación de violencia mediante visitas domiciliarias u otras adecuadas dentro del proceso de investigación debiendo presentar un informe. Cumplido este plazo se realizarán visitas periódicas hasta que cese la situación de riesgo”. Eso dice la ley, otra es la realidad.
El tiempo, una traba
Otra traba para las víctimas denunciantes es el tiempo. La ley 348 afirma que la imputación fiscal se debe hacer en 18 días; el juez encargado del caso tiene 60 días; pero la realidad es de tres meses, explica Mercedes Cortez, directora de Voces Libres.
La primera etapa culmina en una imputación o rechazo del fiscal, aquí es donde se estancan ellas porque con el pasar de los meses desisten en su acusación, dejan el proceso por falta de dinero o hay reconciliación, pese a que este último es prohibido en el artículo 46 de la 348.
Tras la imputación se requieren seis meses de investigación. Posteriormente, la denunciante espera dos años para los juicios, pero este tiempo se extiende por la saturada agenda de los jueces.
Cortez explica que una apelación dura de dos a tres años y luego el acusado puede presentar recurso de casación que se prolonga hasta 3 años. El total de tiempo que deben invertir las víctimas es de seis años.
La ley 348 con vacíos y propuestas
La ley 348 es considerada una de las más completas de 32 países de la región, sin embargo, el 25% de la norma “no es aplicable”, analiza Cortez, de Voces Libres. Para ella, no hay una política criminal que responda a la necesidad y la situación real de la violencia que sufren las mujeres. En otras palabras, muchos aspectos de la norma quedan en teoría.
Para la experta Coca, de Mujeres de Fuego, la ley 348 es “bonita”, pero tiene vacíos que fomentan la impunidad entre los agresores. El 80% de los casos atendidos por el colectivo terminan por ser abandonados por muchos factores porque “la ley no se cumple”.
Lo primero que necesita la norma es brindar garantías necesarias y ofrecer seguridad a las denunciantes para que en el proceso no sean amenazadas y desistan. Es necesario también aplicar una sanción penal a funcionarios públicos que piden a las víctimas de tentativa de feminicidio una reconciliación.
Además, Cortez dice que es insuficiente la cantidad de jueces, fiscales y policías, además de una falta de formación y especialización de los mismos.
Y como las denuncias no avanzan inmediatamente como dice la ley, los feminicidas condenados a tres años tienen la posibilidad de quedar libres.
En suma, el Observatorio de Justicia para la Fundación Voces Libres, redes, plataformas e instituciones proponen un procedimiento especial abreviado contra el agresor; políticas integrales para niños que quedaron huérfanos por feminicidio; que el agresor cubra los gastos de hospitalización de la víctima y otras proposiciones.
Pese a la emergencia de mejorar la norma, las propuestas de Voces Libres y Mujeres de Fuego no recibieron respuesta y tampoco existe un debate abierto por departamentos.
Ambas coinciden en que mientras el feminicidio, la violencia intrafamiliar y la sexual estén en la “misma bolsa” y tengan el mismo código de procedimiento penal que cualquier delito como el robo, no habrá avances.
Lo expuesto por ambos colectivos responde a que la ley 348 no protege a las mujeres de la violencia debido a que no se aplica. Lo que es sumamente dañino para una sociedad acostumbrada a la violencia. Educación, penas máximas, concientización y denuncias son las propuestas que podrían frenar los feminicidios, pero ¿cuál es el mejor camino podría frenar el problema a corto plazo? Las autoridades tienen el reto de asumir esta realidad de gran urgencia.
Denuncias y te expones a un calvario sin final
María del Carmen Carvallo soñaba que tenía el mundo por delante, ese año fue coronada reina de belleza de su colegio. “Hay vida por delante”, se decía ella, pero en marzo del 2016 su vida fue apagada para siempre por su novio y amigos.
En la visita a una Feria en Cochabamba, ella fue violada por una pandilla y su novio, quien no la defendió. Tras el vejamen, la joven fue asfixiada.
Pilar, la madre, gastó todo el dinero que tenía en el juicio de los asesinos de su hija, pero años después el principal acusado salió en libertad luego de pagar una fianza de Bs 100.000. Ahora, Pilar nuevamente busca dinero para enfrentar el proceso.
Este calvario es vivido por padres que claman justicia por sus hijas, pues no solo cargan el dolor, sino la carga de pagar por el juicio, que cuesta por lo menos 6 mil dólares. Esta situación ocasiona el abandono del caso y el asesino se beneficia con detención domiciliaria, apelación y derecho al trabajo. “En Cochabamba está el caso de un feminicida que mató a su esposa, fue sentenciado a 30 años, pero ahora tiene detención domiciliaria con derecho al trabajo”.
Para ver a un asesino tras las rejas, el juicio es de ocho años en el mejor de los casos. Según Voces Libres, el 20% de los feminicidios tiene sentencia, una cifra bastante pequeña en relación con las denuncias.
El machismo es cultivado por hombres y mujeres
“¿Por qué te pintas, acaso coqueteas con alguien?”, “la cocina es lugar de mujeres”, “es niño, solo debe jugar con carros”, “sírvele a tu hermano”, son algunas de las frases machistas que son comunes en la sociedad.
El machismo no es una enfermedad, sino una construcción social y persiste en Bolivia por costumbres arraigadas de generación a generación, explica la psicóloga Beatriz Gutiérrez.
“Soy su dueño, ella depende de mí”, es el pensamiento de un hombre machista, que se expresa en normas comunes como llevar el apellido del esposo con la preposición “de” en el carnet de identidad.
“Hablar del machismo, no solamente es hablar del hombre, sino de la mujer que maneja o tiene un rol machista y es hereditario, pues el niño que fue educado con ese rol crece y reproduce lo que sus padres le enseñaron”, explica Gutiérrez.
Aunque no hay una solución para acabar con los feminicidios, la psicóloga Gutiérrez considera que es importante “romper” con la “cadena de roles machistas” para generar un cambio en la sociedad a partir de la educación entre niños y niñas. Considera que no hay leyes o sanciones que acaben con la violencia hacia la mujer, pero sí un cambio en la mentalidad que hay que trabajar todos los días.
