El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, inauguró hoy modernos ambientes para la contención de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de atención prioritaria, además entregó una sala de audiencias y de entrenamiento práctico en litigación en instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la zona de Coña Coña, Cochabamba.
“Estamos implementando, paulatinamente, políticas de cambio con enfoque de interseccionalidad de género, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, buscando disminuir las barreras de acceso a la justicia que enfrentan, para ello, procuramos contar con personal capacitado y comprometido para brindar una atención con calidad y calidez, desde la recepción de la denuncia, efectivizando la aplicación de las medidas de protección y minimizando la revitalización, esos cambios deben estar acompañados de herramientas, espacios y logística que permita consolidar una mejor atención a todas estas víctimas”, sostuvo Lanchipa.
A su turno, la Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero, explicó que los nuevos ambientes permitirán otorgar un servicio especializado y prioritario a las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de delitos en razón de género y delitos contra la vida, con especial atención a casos de Feminicidio e Infanticidio.
Las oficinas se encuentran en un bloque destinado exclusivamente para la atención de servicios forenses, donde las víctimas podrán ser atendidas de manera oportuna y con calidad, separadas de los demás usuarios.
Gonzales aseguró que se tiene proyectado continuar ampliando los ambientes en el IDIF de Cochabamba, con los equipos necesarios para el funcionamiento de las áreas especializadas de medicina forense, psicología forense, trabajo social, psicología clínica y la cámara Gesell. Asimismo, en una segunda fase, se realizará la refacción y adecuación de las instalaciones de las Fiscalías Especializadas de Delitos en Razón de Género, Vida e Integridad Personal, para completar este grupo de ambientes destinados a la atención integral y especializada de víctimas.
La remodelación de los ambientes, fue realizada por el Ministerio Público y el equipamiento, que tiene un monto total de 103.817 bolivianos, fue posible gracias al apoyo de la Organización no Gubernamental de Educación y Cooperación Global (EDUCO), organización que ayuda y defiende los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el país.
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