5 de abril (Urgente.bo).- El problema de la violencia contra la mujer y los feminicidios parece estar lejos de tener una solución contundente. El delito no se detiene, continúa avanzando y casi a diario en los medios de comunicación se conocen sobre nuevos hechos de violencia contra la mujer.

El último hecho que conmueve a la población boliviana es el feminicidio de Vilma Zurita Flores, de 27 años. El fin de semana fue degollada por su expareja, de nombre Marcelino Martínez, de 29 años, en puertas de un supermercado, en la ciudad de Santa Cruz.

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El crimen fue un hecho público y pese a la saña, Martínez no puede ser sentenciado con la pena máxima de 30 años porque el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal establece que: “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio. La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad”.

Mercedes Cortés, representante de la organización Voces Libres, cuestionó que las normas no permitan que Marcelino Martínez no sea condenado pese a que el crimen fue grabado en video, ocurrió a “vista y paciencia” de los ciudadanos que transitaban por el lugar del hecho de sangre y fue cometido con saña.

“Este hombre que ha matado en presencia de muchas personas con cámaras que lo filman va estar igual que otros feminicidas que han planificado y escondido evidencias, es decir cinco años procesado para decir que es culpable, incluso se sigue protegiendo su imagen, se sigue presumiendo la inocencia, hasta dónde vamos a llegar los derechos que tienen los agresores y no las víctimas. No podemos anteponer los derechos de los agresores sobre el de las víctimas”, protestó Cortés.

La representante de Voces Libres ratificó la necesidad y urgencia de trabajar en la reforma de la Ley 348. Considera que la violencia hacia las mujeres necesita un tratamiento especial más eficiente y eficaz.

“Lo primero que tenemos que hacer con las autoridades es que aprendan, conozcan, lo sientan parte de, la violencia a las mujeres porqué está fallando, porqué hay alto índice de impunidad, porqué el 1.3% de las mujeres llega a una sentencia y el 98.7% abandona, porque 300.000 mujeres, desde la vigencia de la ley 348, que han roto el silencio no pueden decir sí he sido protegida por el sistema”, continuó cuestionando.

Cortés indicó que se propuso al Gobierno la creación de una ley corta para que se establezca un procedimiento especial para estos delitos.

“Tiene que haber una ley que pueda generar de manera textual el procedimiento penal especial para la atención de casos de violencia, es en ese sentido que se tiene que hacer una ley de inmediata, donde no se genere mayor impunidad”, señaló.