La Paz, 18 de junio (Urgentebo).- El expresidente de Bolivia y vocero de la causa marítima, Carlos De Mesa, presentó ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, una denuncia contra el ministro de Justicia Héctor Arce, el Procurador Pablo Menacho, la exministra de Defensa Legal del Estado; Elisabeth Arismendi y el ministro de Minería; Cesar Navarro, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Quiborax.
Mesa estuvo acompañado de dos de sus exministros. Gustavo Pedraza; exministro de Desarrollo Económico y Luis Fernández; exministro de Trabajo (2003-2005).
“¿Qué estamos pidiendo al fiscal?, que se incluya en la investigación a don Héctor Arce que fue Ministro de Defensa Legal del Estado y Procurador General del Estado cuando se produjeron estas irregularidades. A doña Elisabeth Arismendi Chumacero, que fue Ministra de Defensa Legal del Estado y por supuesto al actual Procurador del Estado Pablo Menacho y al actual Ministro de Minería, Cesar Navarro”, manifestó.
En el documento entregado a la Fiscaliza, en Sucre, Mesa explicó que se han cometido cuatro hechos irregulares. El primero, que el Gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Defensa Legal del Estado llegó a un acuerdo formal con Quiborax para resolver a un acuerdo amistoso de pago de $us 3 millones, pero al final terminó pagando $us 42 millones.
“De modo que esos tres millones de dólares nos hubiesen ahorrado el pago de los $us 42 millones de dólares, fueron retirados y aquí la pregunta es ¿Por qué Bolivia se retracta de la decisión?, cuestionó.
El segundo, hace notar al Ministerio Público que hubo un acta falsificada, “Ningún documento justificado puede de causar derecho”. Un tercer hecho irregular, dijo Mesa, es que funcionarios de la Non Metallic Minerals- Quiborax negociaron con la Procuraduría la anulación del desistimiento del juicio penal que se tenía la justicia de Bolivia con Allan Fosk, accionista de Quiborax en Bolivia.
La cuarta irregularidad, es haber que Bolivia hizo “una pésima” defensa ante la CIADI y por eso debió indemnizar los $us 42 millones a la chilena.
Ademas Mesa pidió que se amplie la investigación a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi y al actual ministro de Minería, Cesar Navarro.
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