23 de noviembre (Urgente.Bo).- El director de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Rodrigo Puerta informó a Urgente.Bo que, a partir de la aprobación del Presupuesto General Reformulado 2023, los municipios sólo podrán realizar gastos menores y adquisiciones para atender emergencias.
“Con el Reformulado se va poder hacer contratos pero deben ser de compras menores o por emergencia, porque los tiempos y las normas de contratación no da para un contrato mayor. Se puede hacer un contrato mayor, pero solo se llega hasta el proceso de adjudicación está sujeto a normas de contratación donde se requiere 45 días al menos”, explicó.
Con la aprobación de la normativa que viabiliza la inyección de recursos económicos, los gobiernos municipales deben programar sus proyectos y partidas presupuestarias, enviarlo a la instancia legislativa para su respectiva aprobación, para finalmente enviarlo al Ministerio de Economía y Finanzas.
Ante la demora para la aprobación de la norma, Puerta, informó que se amplió el cierre contable de hasta el 20 de diciembre, “ esto permitirá tener mayro facilidad para tener el devengado que no es lo mismo que el pago de planillas”, aclaró.
El pasado miércoles, el presidente, Luis Alberto Arce, promulgó la Ley N°1543 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2023 e informó que se ampliará el plazo para que las entidades subnacionales puedan efectuar gastos hasta el 20 de diciembre.
“Una de las razones porque hay estos adicionales es porque estamos mejorando la economía, porque si no mejora la economía no hay ingresos más allá de lo que se habían presupuestado inicialmente”, puntualizó a tiempo de afirmar que partir de la promulgación los alcaldes, gobernadores, rectores de las universidades públicas podrán disponer de los recursos para efectuar gastos e inversiones.
De acuerdo con las modificaciones al Presupuesto, se adiciona un monto consolidado de Bs 5.421 millones, de los cuales, Bs 868 millones se destinan a los Gobiernos Municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.
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