Opinión
La historia política de los Estados democráticamente débiles se mueve por ciclos, que siempre levantan un bastión “revolucionario”, y esto hace que no quieran dejar el poder
En otras circunstancias, estamos al margen de la vida nacional, de la “gran prensa nacional”.
mular las bondades del modelo productivo cruceño; permitir el uso de semillas genéticamente mejoradas y la libre exportación de excedentes, es el camino. ¡Cuánto me alegré al leer que “El Gobierno analizará liberar exportaciones y el uso de biotecnología”
Si confiamos en los datos que circulan la estatal petrolera venezolana PDVSA produce 1,9 millones bpd, cifra infinitamente inferior a lo que producía en 2015 cuando vendió USD 72.000 millones y 2,65 millones bpd.
Esa bonanza es un sueño lejano. Miles de venezolanos ahora buscan cualquier trabajo para sobrevivir (una buena parte sin papeles inmigratorios porque vinieron como turistas y se quedaron). Irma les da la oportunidad en trabajos temporales para recoger toneladas de árboles derribados o reconstruir cercas que se las llevó el viento.
¿Por qué no habíamos entrado en este debate en la década de los 80? ¿Qué decía nuestra clase política? En realidad, armaron una democracia de pactos a espaldas del pueblo con porcentajes de legitimidad entre el 20 y el 30 por ciento.
Así visto el asunto, tanto Ferraz como Tirso ponen la lupa en la postverdad como nueva tendencia local y mundial. Tendencia ante la cual la sociedad de internautas está obligada a desplegar mecanismos críticos de lectura y discernimiento.
¿Qué depara el futuro a Santa Cruz? Grandes cosas, cuando el Proyecto Rositas (riego, hidroeléctrica); el mayor uso de Puerto Jennefer, Gravetal y Aguirre en la Hidrovía Paraguay-Paraná; la construcción de Puerto Busch; el desarrollo del Mutún (hierro, siderurgia) y el hub aéreo (Viru Viru) pasen de la agenda pública y ser una realidad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a su configuración constitucional y a la naturaleza de sus atribuciones, no está autorizado para declarar la inaplicabilidad de normas constitucionales que se hallan vigentes y que son de cumplimiento obligatorio, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución.
