Opinión
Con o sin culpa, una sentencia condenatoria destruye la vida de una persona porque la aleja de la vida normal para recluirla en ambientes donde manda la ignominia. Y una vida destruida es como un cristal roto: se puede encontrar y unir todos los pedazos pero nunca volverá a ser el mismo.
Todas las alianzas de Erbol estaban en torno a empoderar al campesino, al obrero, a la mujer en su capacidad de ser sujetos de desarrollo.
Algo de esto pasó con Chile y ojalá que nunca más vuelva a pasar: el vecino país ganó a Portugal pero el puerto de Arica le metió un autogol a su país por el incumplimiento con Bolivia.
Paradójicamente, este gobierno populista es quien crea esa profunda división entre indígenas, campesinos y los denominados “interculturales”. Además provoca la disputa entre cocaleros tradicionales y “biometrizados”.
Yo, a los 45, estoy viviendo mi primera vez sin papá y me siento despojado del cariño más grande que puede recibir una persona. Lamento tener que ponerme de ejemplo para explicar que ningún otro padre podría reemplazar al mío. No porque “Quito” —tal era su apodo— hubiera sido un letrado, una eminencia ni mucho menos, sino porque me he quedado con preguntas de hijo. Y como todo hijo que pierde a su papá, sin a quién preguntarle.
La conclusión es acertada, el reto es que los gobiernos de los países la hagan realidad eliminando toda traba al movimiento de personas de un lugar a otro, bajo el justificativo de “migraciones regulares, ordenadas y seguras”.
Pero hay un hecho que debe contarse. La fiscal general de la nación, Luisa Ortega Diaz, ha puesto en jaque a la dictadura denunciando que ha violado el orden jurídico del país al convocar a una asamblea nacional constituyente, ignorando al pueblo que debe ser quien lo autorice mediante un referendo consultivo.
El asunto sigue pareciendo simple si no se incorpora el hecho de que quechua, aimara y guaraní fueron inicialmente idiomas que, por asociación de ideas, pasaron a designar etnias como karanqa, kolla y chiriguano.
Vale decir que de todo ajuste en tarifas debería ir acompañado, obligatoriamente, de políticas de ahorro para industrias, gobiernos municipales, y nacional.
