Coyuntura
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, explicó que la dirigencia de la UPEA pide un incremento de 0.35% a 2% de coparticipación tributaria, equivalente a 600 millones de bolivianos, que significan el 40% del 5% de coparticipación tributaria de los recursos que reciben en conjunto todas las universidades del país. Una modificación de la Ley afectaría al presupuesto de salud, educación, rentas, alcaldías y también universidades.
"Nos organizaremos para radicalizar nuestras medidas. Informar a nuestras bases que al viceministro Jaime Durán poco o nada le interesa nuestros ocho piquetes de huelga de hambre, quiere dilatar (nuestra demanda) hasta la próxima semana, hasta la vuelta del presidente (Evo Morales)”, dijo uno de los delegados al salir de la reunión.
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Jiménez adelantó que tomarán acciones contra la autoridad judicial y al mismo tiempo pedirán que las dos causas sigan su curso por separado, porque el caso Mochilas II es “más grave” que el otro.
En el encuentro harán un amplio análisis de los argumentos de la contramemoria de Bolivia sobre la propiedad de las aguas del manantial Silala, que debe ser presentada hasta el 3 de septiembre ante la CIJ.
"Las expectativas son, por ambas partes, solucionar este aspecto de la coparticipación tributaria y el requerimiento de la Universidad Pública de El Alto, toda vez de que el sábado hemos trabajado hasta las cinco de la tarde colocando los antecedentes", dijo el administrador de la UPEA, Edwin Cuba, al iniciar ese trabajo.
"En estos acuerdos se está trayendo beneficios para el país, concretándose por ejemplo en 1.000 millones de dólares, de los cuales se va a beneficiar el área de hidrocarburos", ratificó el Canciller, Fernado Huanacuni, en entrevista en los medios estatales.
Los líderes llegan a la isla dos días antes de que se celebre la reunión, programada para el 12 de junio
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