Coyuntura
"Vamos a preparar el coliseo con pantalla gigante, con un equipo de sonido, con refrigerio para que la gente pueda venir y compartir este momento grato, este momento histórico, este momento de gran relevancia para el país como es la demanda marítima", dijo.
La mañana de hoy, el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, pidió al presidente Evo Morales militarizar el municipio de Sabaya – Oruro y la frontera con Chile, con la finalidad de evitar el ingreso de contrabando al país.
"El ejército está realizando operaciones de rastrillajes en toda la zona para poder encontrar elementos sospechosos en la zona y dar con los autores", informó.
El 2001 Quiroga asumió la presidencia tras la renuncia de Hugo Bánzer Suárez por motivos de salud y Mesa llegó a asumir de similar forma el mando del Estado, al suceder a Sánchez de Lozada, en 2003, luego de los hechos de octubre negro.
A su juicio, el crimen cometido contra oficiales de las FFAA mientras realizaban un operativo en la localidad de Cahuana, próxima a Oruro, ha generado en el país el convencimiento que el contrabando ya no puede verse como un problema secundario, regional ni unidimensional porque “es un cáncer que destruye la economía, pervierte la institucionalidad, deforma los valores, elude la justicia y la ley, y ahora enfrenta alevosamente incluso a nuestra fuerza militar”, dijo.
La magistrada de la Comisión de Admisión del TCP, Karen Gallardo, explicó que en los tiempos establecidos “se sacaran los decretos que correspondan y se notificará a las partes” para darles a conocer la decisión.
Los sargentos Vladimir Evan Siñani Ticona, de 24 años de edad, y Fidel Chávez Huarino, de 27 años, funcionarios de la Unidad de Control Aduanero (UCA), fueron asesinados el domingo en la localidad de Cahuana, entre los municipios de la Rivera y Sabaya del departamento de Oruro, en un enfrentamiento con contrabandistas de vehículos indocumentados.
“Cada persona o comunidad que se involucre en contrabando a partir de la fecha pone en riesgo ya no su mercadería, su capital o su forma de vida sino su vida porque ante cualquier uso de arma de fuego o cualquier otro tipo de explosivos”, sostuvo el ministro Javier Zavaleta.
Los abogados de las nueve familias bolivianas hicieron que Sánchez Berzaín fuese convocado para que dé su testimonio sobre las muertes ocurridas en octubre de 2003, en Warisata, El Alto y Ovejuyo, según consta en la documentación del proceso.
Desde La Paz, el ministro de la presidencia, Alfredo Rada, sostuvo que "no es cierto la afirmación que haya una asfixia económica, que se estaría dando por una disminución nada menos que en un 60 por ciento de los ingresos a Santa Cruz, que ha continuado recibiendo importantes cantidades de recursos económicos".
