Hay más de 1.300 millones de personas que carecen de acceso a la electricidad y 1.000 millones más que tienen un acceso poco fiable. Con ese dato, ampliamente discutido en diversos organismos internacionales, es que se discute la urgencia de continuar con el diseño de políticas públicas energéticas destinadas a garantizar el acceso pero con la firme decisión de universalizarlos como un derecho humano.
Próximamente FEMECA Federación Mexicana de Colegios Abogados que preside el ilustre jurista y maestro José Luis González Martínez tendrá su congreso internacional y XLVI Asamblea que se llevará a cabo en Aguascalientes del 22 al 25 de Julio en donde el tema principal a tratar será “La Transversalidad de los Derechos Humanos en los Sistemas Constitucionales del Siglo XXI” para tratar, entre otros asuntos, la importancia de impulsar, incluir y gestionar en las constituciones latinoamericanas se asiente de manera mucho más contundente que la energía es un derecho humano susceptible a ser protegido por el estado, tutelado y que debe ser accesible para todos, en el marco de lo dispuesto por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que aprobó el 25 septiembre 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo número 7 compromete para 2030 “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”.
Porque la energía puede ser un negocio y una poderosa herramienta de ajuste y empobrecimiento, o bien ser entendida como lo que realmente es, un derecho humano básico y fundamental orientada al desarrollo económico y social de la población.
Es una herramienta, ésta energía conceptualmente entendida como petróleo, gas, electricidad y renovables, que bien administrada genera riqueza y prosperidad y mal administrada condena a los ciudadanos a la postración y muerte.
Las constituciones latinoamericanas y sus respectivas leyes secundarias o reglamentarias deben calificar y asegurar que ese derecho sea cumplido, como lo hace la ONU, que a través del Comité de Expertos revisa los compromisos de los gobiernos de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de ellos que todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a los recursos naturales y comunes, al agua potable, a la energía, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.
El objetivo central es derrotar la denominada Pobreza Energética que conceptualmente se define como “aquella situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas…”
Si bien es cierto aún no existe una definición técnica aprobada por los estados miembros de la Unión Europea (UE) para definir 'pobreza energética', es claro que es pobre quien no pueda costear los servicios eléctricos mínimos del hogar para mantener niveles de calefacción mínimamente adecuados para garantizar la salud de la familia.
Copio un dato que circula entre los foros de especialistas en generación de electricidad vía renovables y generación offgrid muy útil a tiempo de establecer cómo se determina esa pobreza energética, tanto en invierno cuanto en verano en una cantidad impresionante de hogares europeos –y por supuesto con mayor énfasis en hogares latinoamericanos- pero veamos que dice el Parlamento Europeo: utiliza como indicador de pobreza energética la capacidad para calentar correctamente las viviendas en invierno (entre 18º y 21ºC).
Habría entre 50 y 125 millones de personas en la UE incapaces de costear su factura eléctrica en invierno. La Comisión Europea tiene una nueva institución a cargo de la problemática: el Observatorio de Pobreza Energética para mejorar las condiciones de hogares europeos con problemas para calentar, refrigerar o iluminar su vivienda. "Combatir la pobreza energética es una prioridad política", indicó el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori.
Un caso paradigmático: un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo comprueba que en américa Latina Uruguay paga una de las tarifas eléctricas más cara, dejando así el hecho que esa pobreza Energética llega, de una u otra forma, a toda la sociedad, dado el elevado coste de la factura.
La pobreza energética puede ser por ausencia de políticas estatales que generen mejores accesos, o como el caso uruguayo, del que tomamos como ejemplo, tarifas elevadas considerando el medio económico en el que las familias y hogares deben desempeñarse.
La pobreza energética también puede ser por mala planificación: uso de dineros destinados a infraestructuras que no cubran necesidades o como en el caso uruguayo la incorporación de generación eólica "verde" a elevados costes subvencionados por el estado que posteriormente fueron hundidos en las facturas a usuarios.
Tampoco la idea fundamentalista de sustituir el petróleo, carbón a toda costa van a generar mejores oportunidades de acceso y sí más bien existe la posibilidad de incrementar la denominada pobreza energética.
Si bien es cierto el mandato global es reducir las emisiones de carbono tampoco es verdad que el petróleo es enemigo de la sociedad. Y el gas natural es un elemento energético de transición que aún no está siendo utilizado adecuadamente. Porque el uso del petróleo y gas sumado a las renovables continuará siendo un mix por muchísimo tiempo más.
Volviendo al ejemplo uruguayo donde hay excelente capacidad de generación vía agua, la excesiva introducción de las infraestructuras eólicas y solar ese país está entre las naciones con alta pobreza energética cabalmente por la suba de tarifas por la transición violenta a las renovables. De manera que Uruguay se transformó en el país con mayor proporción de electricidad generada a partir de energía eólica de América Latina, porque en el caso citado la intermitencia en el servicio de generación vía renovables han llegado a lastimar el grado de confianza en la seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico por la obvia dependencia climática de la eólica –y de la solar- porque aún se requerirían mayores ajustes en las tecnologías que permitan, cabalmente, ver con gradualidad la administración de electricidad generada vía renovables para conectarla a la red principal.
La pobreza energética tiene un resultado palpable en la sociedad: enfermedades y pérdida de vidas humanas. El derecho a la vivienda va acompañado del derecho a tener una vivienda con temperatura adecuada en su interior para evitar daños a la salud. Para el caso español: el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) indica que la pobreza energética podría ser causa de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras cada año durante la estación invernal.
Quizá una de las respuestas pueda ser la autogeneración mediante equipos unifamiliares o pequeñas redes de baja tensión desconectados de la red principal.
Un elemento importante que debe ser estandarizado en Latinoamérica es por ejemplo que en situaciones de “corte” del servicio, las empresas de suministro eléctrico o de agua, o gas, por razones de facturas impagas debería haber un dictamen previo de los servicios sociales del Municipio para certificar que ciertos hogares podrían estar dentro de la categoría de sufrir pobreza energética, de manera que no opera el corte cuando ciertamente se compruebe que ese hogar no puede costear la factura o que utiliza más del 10% de su ingreso para cubrir la factura.
Para concluir resalto que la pobreza energética en España es desde hace años una causa de muerte más significativa que los accidentes de tráfico (informe de Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en "Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis". Según ese estudio, el promedio de víctimas de accidentes de tráfico entre 1996 y 2014 es de 4.082 muertes anuales, mientras que la pobreza energética causa un promedio de 7.100 muertes al año).
El debate continuará entre volumen de generación, coste de la introducción de renovables vs fósiles y tarifas y capacidades de acceso a redes principales o de autogeneración. Son elementos que deben ser solucionados en políticas públicas modernas. Pero todo se puede resolver vía políticas públicas coherentes y alejadas del fundamentalismo de algunas posturas políticas.
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