Este 29 de abril culmina la segunda gestión de Óscar Hassenteufel como presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su elección y posterior reelección se produjeron en un contexto de profunda crisis institucional del OEP marcada por una serie de renuncias de sus principales autoridades entre 2018 y 2020, así como por la crisis política y electoral de 2019. En ese periodo, el TSE tuvo tres presidentes distintos, lo que refleja el momento más crítico desde su creación.
Frente a esta coyuntura, Óscar Hassenteufel asumió un rol fundamental al encarar el reto de recuperar la institucionalidad y revertir la percepción negativa hacia el TSE. Su gestión se caracterizó por la búsqueda del consenso y la articulación de la voluntad política de todas las fuerzas políticas del país, con el objetivo de garantizar procesos electorales transparentes, aunque fallidas como las elecciones judiciales (parciales) de 2024 y el desafío de las elecciones generales previstas para este año q no podrá presidir al frente del TSE.
Lideró tres encuentros multipartidarios. Aunque con sabor a poco, permitieron alcanzar acuerdos políticos que, cumplidos parcialmente, desafiaron a las exigencias del momento. Su continuidad permitió canalizar una percepción algo más estable del TSE en tiempos de alta incertidumbre institucional.
Sin embargo, el final de este ciclo, aunque valioso en tiempos de crisis, muestra señales de agotamiento frente a los nuevos desafíos que el TSE debe enfrentar. El momento exige no solo estabilidad, sino también una conducción que sintonice con las nuevas demandas en materia electoral del país.
Ante este hecho, la Sala Plena debe reunirse este martes 30 de abril a partir de las 10am para elegir a quien presida la máxima instancia electoral del país. Lo curioso y preocupante, en el contexto político actual, es que poco se sabe sobre los criterios que se utilizan para tomar esta decisión. La elección de la cabeza más importante del TSE parece darse en un ambiente reservado, como si se tratara de un cónclave; en una reunión cerrada, solemne y de carácter decisivo, donde se congregan bajo estrictas normas de secreto y aislamiento, similar a la que celebra la Iglesia Católica para elegir a un nuevo Papa.
El problema no radica únicamente en el hermetismo, sino en las consecuencias institucionales de la decisión ¿Bajo qué criterios? ¿Qué peso tienen las afinidades políticas o los compromisos previos? Todo es una incógnita. Y lo que está en juego no es menor: se trata de la credibilidad de la instancia que organiza y supervisa los procesos electorales en el país.
¿Una decisión hostil?
El TSE está compuesto por siete vocales: seis designados por la ALP y uno por el Presidente del Estado. Esta última designación, por prerrogativa del mandatario de la nación, es políticamente delicada, ya que abre la posibilidad a que el nuevo presidente del TSE pueda ser precisamente el vocal designado por el Ejecutivo. En términos formales, no hay impedimento. Pero desde una lectura institucionalista y democrática, esto tensiona el principio de separación de poderes. Por la susceptibilidad de una subordinación política al Órgano Ejecutivo.
Y no sería la primera vez. Wilfredo Ovando, designado por Evo Morales, presidió el TSE entre 2010 y 2012. Salvador Romero, nombrado por Jeanine Áñez, asumió el cargo en 2019. Ambos casos ilustran que no se trata de una excepción, sino de una práctica planificada de acuerdo al escenario político. Pero en un contexto actual de alta desconfianza ciudadana, tensiones políticas y cuestionamientos a la imparcialidad del OEP, repetir este patrón sería, como mínimo, una decisión riesgosa.
Ruptura de alternancia y paridad democrática
Desde el año 2010, la elección de la directiva del TSE ha respetado, en términos generales, un principio fundamental de paridad democrática en la distribución de sus principales cargos. Durante el período 2010-2012, la presidencia fue asumida por Wilfredo Ovando, vocal designado por Evo Morales, mientras que la vicepresidencia fue Wilma Velasco. Posteriormente, entre 2012 y 2013, se invirtieron los roles, Wilma Velasco asumió la presidencia y Ovando la vicepresidencia, manteniéndose ambos en dichos cargos durante su reelección entre 2014 y 2016.
En la siguiente gestión, entre 2017 y 2019, se eligió a Katia Uriona como presidenta y a José Luis Exeni como vicepresidente. Tras la renuncia de ambas autoridades, producto de conflictos internos en la toma de decisiones de la sala plena, en 2018 se eligió a María Eugenia Choque como presidenta y a Antonio Costas como vicepresidente. Sin embargo, ambos presentaron su renuncia tras la crisis política y electoral de 2019.
Posteriormente, fue presidente del TSE Salvador Romero Ballivián, vocal designado por Jeanine Áñez, y como vicepresidenta, María Angélica Ruiz. A su renuncia, en 2021, fueron elegidos Óscar Hassenteufel como presidente y Nancy Gutiérrez Salas como vicepresidenta, manteniendo la lógica de alternancia y paridad.
No obstante, esta práctica se vio interrumpida en 2023, cuando la Sala Plena del TSE reeligió a Óscar Hassenteufel como presidente y eligió como vicepresidente a Francisco Vargas, rompiendo así el principio de alternancia y paridad democrática y designando, por primera vez desde 2010, a dos varones en los cargos directivos más importantes del OEP. Esta ruptura significó un retroceso en materia de equidad, alternancia y representación de género, y tiene que ser tomado en cuenta con seriedad en la elección de la nueva directiva.
El rol institucional
El escenario institucional que marcará el rumbo del TSE dependerá, en gran medida, de la elección de su nueva directiva. El todavía presidente Hassenteufel no puede ser "re-re" reelecto, la ley le impide y tampoco puede quedar acefala una representación de ni haber mayoría en los votos. Es decir si eligen como Vicepresidente al Dr Hassenteufel y no hay mayoría para presidir el TSE, no puede quedarse bajo su mando interino, estarían quebrando de igual modo un principio democrático de representación institucional. No se trata únicamente de una decisión administrativa, porque está en juego la credibilidad institucional del órgano encargado de organizar el proceso electoral más importante del país. A pocos meses de celebrarse las elecciones generales, la Sala Plena del TSE deberá asumir una decisión que trascienda lo formal y responda a la urgente necesidad de generar confianza y certidumbre en la población. Esta “legitimidad” no solo dependerá del “origen” o “quienes” o los “nombres” que asuman la presidencia y vicepresidencia, sino también de su disposición para cargar con el enorme peso de los cuestionamientos que arrastra el OEP. Más aún si se considera que esta nueva directiva asumirá la responsabilidad de organizar, dirigir y garantizar unas elecciones generales que, por su trascendencia, requieren solvencia técnica, imparcialidad política y solidez institucional. Si es consecuente el TSE con sus propios proyectos de ley, por un principio de alternancia y género hoy debe presidir ese alto Tribunal una dama y su vicepresidente debe ser varón.
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