Desde dolores estomacales, la desaparición sistemática de los peces, además de la contaminación de sus ríos, lagos y arroyos y el desconocimiento de sus instancias de representación orgánica, son algunos de los efectos que las y los habitantes de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía de Bolivia denuncian ser el resultado de la explotación minera a cielo abierto que realizan las balsas en el río Madre de Dios.
A fin de verificar estos y otros efectos que esta actividad extractiva podría estar ocasionando en esta región del país, la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y el territorio Indígena Multiétnico II, con el apoyo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) comenzaron el proceso de identificación de posibles daños a las poblaciones Tacana, Ese Ejja y Cavineño que habitan en esta región.
Esta investigación se inició en cada una de las comunidades ribereñas a solicitud de las mismas organizaciones indígenas. El secretario de tierra y territorio de la CIRABO, Jorge Chamaro Cartagena, indica que el trabajo tiene el objetivo de obtener información sistematizada y con respaldo técnico, jurídico y social, que permita identificar los principales efectos sociales y ambientales hacia las comunidades indígenas y sus recursos naturales.
“Se está afectando a los cultivos de plátano y cítricos que hay sobre la ribera del río, al tema forestal, a la madera, también se entran y sacan los peces y no consultan. A veces también hay reclamos de los hermanos de que les roban sus canoas. Esos son los reclamos”, explicó la autoridad indígena.
El 28 de marzo de 2018, mediante Decreto Supremo 3516, el río Madre de Dios fue declarado Reserva Fiscal Minera; la norma delegó las actividades de prospección y exploración al Servicio Geológico Minero (Sergeomin). La declaratoria comprende todo el cauce del río que atraviesa los municipios de El Sena, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, Puerto Rico, San Pedro, Filadelfia, todos en Pando; además de Ixiamas en La Paz y Riberalta en Beni en las que se encuentran comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Tacana, Ese Ejja y Cavineño. La declaración de Reserva Fiscal Minera no fue consultada con las comunidades indígenas.
Chamarro explica que con el estudio pretenden llamar la atención de las autoridades nacionales e instancias encargadas del control, a fin de que los daños que se están ocasionando tengan algún reparo para las comunidades que se están viendo afectadas.
“Los compañeros dicen que el pescado ya tiene sabor y olor a diésel, la otra cosa es que tampoco hay mucho pescado”.
El estudio continuará su recorrido en las comunidades donde se puede observar la extracción y cómo están siendo afectadas. “Hay compromisos que no se han cumplido (…) y su excusa es que aportan al Estado. Está bien que aporten, ¿pero qué hay del desastre y lo que afectan a los cultivos?”, reclamó la autoridad.
Con información del CEJIS
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