Además de los frecuentes retrasos en los vuelos de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), la misma enfrenta una serie de desafíos operativos y financieros que afectan la calidad del servicio y la eficiencia del transporte aéreo en Bolivia. Estos problemas se agravan en un contexto donde BoA mantiene una posición dominante en el mercado, cercana al monopolio.
En relación a los problemas operativos, el servicio insuficiente de BoA viene siendo constantemente criticado por la impuntualidad, pérdidas de equipaje y deficiente atención al cliente. Un caso emblemático fue la pérdida del gato "Tito" en Tarija, que generó amplia repercusión en medios y redes sociales. La aerolínea presenta problemas y fallas técnicas recurrentes en sus aeronaves, lo que ha afectado la puntualidad y confiabilidad de sus operaciones. La falta de mantenimiento adecuado y la escasez de repuestos han contribuido a estas dificultades.
En cuanto a los problemas financieros, BoA ha acumulado pérdidas económicas significativas en los últimos años. Entre 2017 y 2018, los costos operativos ascendieron a 131,6 millones de bolivianos, casi el doble de los ingresos, que fueron de 80 millones de bolivianos. Además, en 2020, la aerolínea reportó pérdidas de aproximadamente $us 30 millones debido a la paralización de operaciones por la pandemia.
La gestión de BoA también está influenciada por intereses políticos y carencia de institucionalidad lo que ha afectado en su eficiencia operativa y financiera. La falta de una regulación institucional adecuada ha permitido prácticas que favorecen a la aerolínea estatal en detrimento de la competencia y la calidad del servicio.
El impacto del monopolio Estatal ha resultado en una reducción drástica de la competencia, a pesar de que la Constitución Política del Estado establece un modelo económico plural que reconoce y promueve diferentes formas de organización económica, ya sea privada, estatal y mixta, entre otras (Art. 316, 308 y 306). Este enfoque busca equilibrar el desarrollo económico, la justicia social y el respeto a la diversidad cultural y natural del país. La posición dominante de BoA ha llevado a una disminución de la competencia en el mercado aéreo boliviano. La suspensión de operaciones de otras aerolíneas ha sido vista como una táctica para consolidar el monopolio de BoA.
Además la falta de competencia auspicia la elevación de tarifas y una reducción en la calidad del servicio, afectando negativamente a l@s usuari@s. El control estatal sobre el mercado aéreo ha limitado la innovación y la mejora de los servicios ofrecidos. En Bolivia, l@s pasajerqs que experimentan retrasos en los vuelos tienen el derecho a presentar reclamos a través de las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) de las aerolíneas involucradas. Estas dependencias están obligadas a recibir y gestionar las quejas de l@s usuari@s, proporcionando soluciones adecuadas, según la normativa vigente.
Sin embargo, como ODECO también es estatal tampoco garantiza los derechos de l@s pasajer@s. A lo sumo envían una carta justificando los retrasos de la aerolínea y nunca devolverán la suma mínima del valor del boleto sobre el trayecto incumplido o la devolución del boleto en su integridad, en caso de la cancelación del vuelo. En caso, que un pasajero se viera en la necesidad de cambiar el horario del vuelo de retorno por el retraso de la empresa aérea, tampoco le perdonan la multa.
De todas maneras, si l@s usuari@s no reciben una respuesta dentro del plazo establecido o no están conformes con la solución propuesta, pueden escalar el reclamo ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) también estatal, que evaluará el caso y determinará las acciones correspondientes que serán similares a las de ODECO, porque en todos los casos, defienden el aparato estatal, antes que los derechos de los y las ciudadanas.
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