Bolivia, un país rico en biodiversidad, culturas ancestrales y paisajes únicos, posee un enorme potencial turístico que, sin embargo, no ha sido plenamente explotado. A pesar de contar con destinos reconocidos internacionalmente, como el Salar de Uyuni, el Lago Titicaca, los parques de la Amazonia y la ciudad de Potosí, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el turismo en Bolivia enfrenta múltiples desafíos que limitan su desarrollo como motor económico y cultural.

Hace poco agencias de viaje, guías y operadores turísticos reclamaron al gobierno la regularización del mercado de dólares, política de cielos abiertos y seguridad. Existe temor de que las pocas líneas aéreas se vayan y el país se quede aislado del mundo, más aun con el monopolio de la línea aérea estatal BoA y su deficiente servicio. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo representó el 3,7% del PIB de Bolivia en 2022, una cifra considerable pero modesta en comparación con países vecinos como Perú (8,1%) o Chile (9,3%). En 2023, el país recibió aproximadamente 1 millón de turistas internacionales, muy por debajo de los 4,8 millones que visitaron Perú en el mismo año. Este rezago no solo refleja una falta de promoción turística, sino también una infraestructura deficiente y problemas de conectividad.

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El turismo interno, aunque menos visible en términos internacionales, juega un rol significativo. Durante la pandemia de COVID-19, se convirtió en una tabla de salvación para muchos operadores turísticos. Sin embargo, la recuperación post-pandemia ha sido lenta. En 2024, las cifras preliminares muestran que solo el 70% de los operadores turísticos han retomado sus actividades de manera regular, lo que evidencia una fragilidad estructural en el sector. A pesar de ello, el turismo ha generado un movimiento económico significativo. Hasta octubre de 2022, se reportó un ingreso de más de Bs 4.307 millones (aproximadamente $620 millones) en turismo interno y receptivo.

Los bloqueos por problemas sociales y económicos, la falta de carreteras en buen estado y de transporte público confiable para algunos lugares, limita el acceso a destinos turísticos clave, especialmente en regiones rurales. Por ejemplo, llegar a al Parque Nacional Madidi o el Pantanal requiere largos viajes en condiciones difíciles.

A pesar de sus atractivos naturales y culturales, Bolivia invierte menos del 0,1% de su presupuesto nacional en promoción turística. Esto se traduce en una baja visibilidad internacional. Por ejemplo, el Salar de Uyuni, uno de los mayores atractivos del país, es ampliamente conocido por viajeros experimentados, pero no figura entre los destinos más publicitados en plataformas globales como Lonely Planet.

La inversión en promoción turística varía significativamente entre los países de la región, reflejando sus prioridades y estrategias para atraer visitantes internacionales. A continuación, se detallan las asignaciones presupuestarias recientes de Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. Aunque no se dispone de cifras exactas sobre el presupuesto anual destinado a promoción turística, Costa Rica ha demostrado un compromiso constante en este ámbito. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) participa activamente en ferias internacionales y desarrolla campañas para posicionar al país como un destino sostenible y atractivo. Por ejemplo, en 2022, Costa Rica participó en la feria World Travel Market Latinoamérica, enfocándose en atraer turistas de América del Sur.

Colombia en 2024, ejecutó el 60,79% de su presupuesto asignado para proyectos turísticos, equivalente a 190.949 millones de pesos colombianos (aproximadamente 48 millones de dólares). De este monto, se destinaron 108.653 millones de pesos (alrededor de 27 millones de dólares) a promoción y mercadeo turístico, impulsando 53 proyectos enfocados en la difusión y posicionamiento de Colombia como destino turístico.

Para el año 2024, PromPerú, la agencia encargada de la promoción turística del Perú, cuenta con un presupuesto de 130 millones de soles (aproximadamente 34 millones de dólares) para acciones de promoción turística. Este monto se destina a diversas actividades, incluyendo campañas internacionales y participación en ferias, con el objetivo de revitalizar el sector turístico peruano.

Chile está por crear el Fondo de Promoción Turística Internacional, financiado mediante un impuesto del 1,25% sobre la tarifa por noche de alojamiento de extranjeros. Aunque aún está en discusión, este fondo busca financiar acciones que aumenten el número de turistas extranjeros en Chile. Actualmente, la promoción turística internacional es guiada por planes de marketing desarrollados por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).

En Bolivia el Tesoro General de la Nación (TGN) ha asignado un presupuesto de Bs 7 millones (aproximadamente $1 millón) para la promoción turística digital. Por otro lado la gestión ambiental y sostenibilidad no son tomadas en cuenta. El turismo masivo en el Salar de Uyuni y en áreas protegidas como el Madidi genera impactos negativos en el medio ambiente, como acumulación de residuos y daño a ecosistemas frágiles. También la falta de capacitación en la calidad del servicio turístico es deficiente. Muchos operadores carecen de formación en atención al cliente, idiomas extranjeros y gestión turística. Según el Ministerio de Culturas, solo el 30% de los guías turísticos en Bolivia cuentan con certificación oficial.

El país puede y debe posicionarse como un destino de clase mundial, aprovechando su diversidad cultural y natural. Solo con inversiones estratégicas y una visión a largo plazo será posible desbloquear el potencial turístico de un país que tiene tanto que ofrecer al mundo. Aprovechar este potencial no solo fortalecerá la economía, sino que también permitirá revalorizar y preservar las riquezas culturales y naturales existentes.

El turismo en Bolivia debe ser visto como una herramienta para la inclusión social y el desarrollo sostenible, capaz de generar empleo digno, mejorar la infraestructura y proyectar una imagen positiva del país en el ámbito internacional. Pero para que esto ocurra, es necesario un compromiso real de todos los actores involucrados: un Estado que lidere con políticas claras y recursos suficientes, un sector privado que apueste por la innovación y la calidad, y comunidades locales que se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo.

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