Revisando las conclusiones de un informe del Congreso de los Estados Unidos que revela que la Organización Mundial de la Salud “mintió” sobre el origen del Coronavirus y el reporte final del XXII Gran Jurado de Florida que halló colusión privado-federal para ocultar los efectos adversos de la vacuna de régimen obligatorio, se impone una reflexión sobre las condiciones de excepción necesarias para sostener tal acción de Estado desde la biopolítica, aspecto del pensamiento de Michel Foucault irónicamente desatendido en tiempos de emergencia sanitaria global.
En diciembre 4 de 2024, un subcomité del Legislativo estadounidense encargado de auditar las acciones de manejo de la Pandemia Coronavirus concluyó que el director de la OMS, Theodros Adhanom era responsable de haber encubierto y replicado las mentiras del régimen chino sobre el virus, retrasando la declaratoria mundial ESPII (Emergencia de Salud Pública) desde al menos noviembre de 2019 hasta el 30 de enero de 2020.
Un mes después, en enero 7 de 2025, un jurado especial de Florida concluyó su pesquisa sobre el manejo de la pandemia, instruida por el gobernador del estado, afirmando que existió colusión entre agentes reguladores y las farmacéuticas productoras de la vacuna para censurar reportes y amplificar informes falsos sobre sus efectos secundarios. “Falta de transparencia y manipulación de la información”, aseguró el gobernador Ron DeSantis.
Sin embargo, antes que el Congreso de EEUU o el estado de Florida denunciaran el conflicto de intereses en esa asociación de entes privados y públicos para ocultar la manera como el estado global manejó la crisis Covid, ya en 2021 la viróloga china Li Men Yong denunció que las alertas sobre el virus fueron “ignoradas y silenciadas incluso por la propia OMS” que conocía el riesgo que suponía el contagio mucho antes de dar la alerta internacional.
Para Foucault, biopolítica es una lógica que articula la política como control, distribución y determinación de la vida desde clasificaciones biológicas y regulaciones estatales (salud, higiene, natalidad, mortandad, raza, etc.). Estas segmentaciones y clasificaciones de la vida permiten que la soberanía, que en el estado medieval era “el poder de matar o dejar vivir”, se sofistique en el estado moderno y se torne en una lógica gubernamental del permitir vivir o abandonar a la muerte. Es decir, la soberanía es una lógica de poder que opera desde la regulación de la vida biológica de la población por el estado.
Para continuadores de Foucault como Achile Mbembe y Helena Chávez esa sofisticación de la biopolítica o biopoder se expresa en el bucle del par Soberanía-Estado de excepción que genera las condiciones de posibilidad para el reemerger de los totalitarismos contemporáneos, ya no como elipsis extraordinarias de discrecionalidad, como fue el fascismo, sino como regímenes de excepción normalizada que hallarán su expresión superlativa en la soberanía del estado durante eventos de emergencia como una guerra o una pandemia.
Y con “normalizar” los foucaultianos se refieren al rango amplio de acción sobre la sociedad que va desde la legitimación social de la securitización hasta su enforzamiento legal. El proceso de normalización de todo totalitarismo encuentra la soberanía como lógica incontestable y el sistema judicial como agente regulador del ejercicio de excepcionalidad normalizada por vía de la censura, o silencio impuesto, y en suma mediante la desaparición de las voces discrepantes.
Así, en junio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaraba “improbada” la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en 2022 por los estados de Misuri y Luisiana contra la administración Biden, levantando una medida cautelar que prohibía a agencias federales como el FBI “coordinar” con redes sociales como Facebook y Twitter para “moderar contenidos”, pese a que los activantes habían sido concedidos tutela en vista inicial por una Corte de Distrito en Luisiana y en revisión por la Corte de Apelación del Quinto Circuito.
El juez Doughty sancionó en primera instancia que la evidencia presentada pintaba un “escenario distópico orwelliano” de censura gubernamental, mientras que el tribunal de apelación halló que la administración Biden “coaccionó efectivamente” a las plataformas para censurar temas y actores y así suspender la vigencia de la libertad de expresión. El instrumento de la reportada asociación delictuosa estatal-privada sería en adelante definida por los recurrentes como “Complejo Industrial de la Censura”, andamiaje privado-federal para silenciar opiniones disidentes, declarar enemigos del estado a sus emisores o difusores y judicializarlos.
No obstante, la Corte Suprema se alineó por 6-3 con la versión de la Oficina Oval de “cordiales intercambios de información” con las redes sociales y desestimó censura. A nombre de la mayoría, la magistrada Amy Barrett opinó que los demandantes “no habían demostrado presiones o coerción de las agencias del gobierno”. En opinión en disenso, el decano vocal Samuel Alito sentenció que hubo “amenaza implícita de represalias” contra las plataformas que no se ajustarán a la voluntad del gobierno y advirtió que la coerción fue “manifiestamente inconstitucional y que la Corte Suprema lamentaría equivocarse en no sentenciarlo”.
En enero 13 de 2025, en una entrevista en el podcast de Joe Rogan, el dueño de Meta Mark Zuckerberg confesó que Facebook si recibió presión, “gritos e insultos de gente de Biden” para obligarlos a censurar contenidos sobre el régimen de emergencia sanitaria. Zuckerberg, parte del llamado Complejo Industrial de la Censura, dijo además que “desbandaba” su regimiento de 40 mil censores de contenidos, que operaron como fact-checkers, para “priorizar” la libertad de expresión y “reducir dramáticamente la censura” en sus plataformas.
En ese contexto, la emergencia sanitaria fue el argumento para cancelar opiniones y suprimir voces desde agencias federales que intervinieron y patrullaron contenidos en las redes sociales y otras que diseñaron listas negras de periodistas, analistas y aun médicos a quienes se suprimió perfiles y marginó de sus entornos virtuales sobre el supuesto de que toda garantía individual se subordinaba a la emergencia de salud pública como excepción normalizada y expresión superlativa de la soberanía del estado.
Joe Biden dejó la Casa Blanca horas atrás, absuelto por la Corte Suprema, pero bajo la sombra de haber artillado la emergencia de salud pública Covid como argumento de soberanía para instalar un estado de excepción normalizado que canceló derechos constitucionales, censuró, judicializó, y proscribió el ejercicio de la Primera enmienda. Le sobreviven la OMS – de la que el enterante presidente Donald Trump desafilió a EEUU con una Orden Ejecutiva firmada a horas de su posesión – y AstraZeneca a quien un tribunal británico acusa de ocultar y retrasar la socialización de información crítica al costo de miles de vidas humanas, mientras la Agencia Europea de Medicamentos y la misma OMS la respaldan con el argumento de que “los beneficios de la vacuna superan con creces sus posibles riesgos”.
No hay duda de que vivimos bajo un régimen de excepción naturalizado por andamiajes judiciales del estado global; una soberanía basada en la biopolítica como tecnología de poder que sus reguladores globales validan hasta hoy. Lo único que queda por discernir es si se limitó a ser un ejercicio biopolítico o si alcanzó a ser una acción de – Mbembe dixit – necropoder de estado.
Cuando la suspensión de garantías deja de ser excepción, el estado ya no administra una soberanía biopolítica sino necropolítica, o “trabajo de muerte”, decía Achile Mbembe sobre la Guerra contra el Terror desatada por EEUU tras el ataque terrorista a Nueva York en 2001. En 2019 la soberanía del estado chino se tornó en ejercicio de poder imperial-colonial de muerte cuando la OMS decidió asumir sus falacias sobre el virus y retrasar la alerta global ESPII por semanas mientras la enfermedad ya había infectado a unas 10 mil personas y matado a un millar en 19 países diferentes, según el informe del Congreso de los Estados Unidos.
Con el cambio de eje del poder en América, es mejor que apunte el nombre de Foucault y Mbembe en tanto ambos van a retomar trágica vigencia en el proceso de auditaje del comportamiento del poder político global en la era de la pandemia.
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