Una de las presiones más perniciosas es, sin duda, el bloqueo. Al impedir el paso por un camino, o simplemente una calle, se atenta contra uno de los derechos civiles consagrados en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, el de la libre circulación en todo el territorio boliviano.
Pero no se trata solo de una violación constitucional. Los bloqueos, especialmente los camineros, causan graves perjuicios a la economía nacional porque cortan el tránsito de bienes y productos. De esa manera, se interrumpe el comercio y se pone un freno a las exportaciones causando pérdidas millonarias. Al “impedir y entorpecer el desarrollo normal del trabajo o de la producción”, también se incurre en el delito de sabotaje tipificado como tal en el artículo 232 del Código Penal.
Y, si de delitos se trata, habrá que agregar que los bloqueos pueden llegar hasta el homicidio cuando, como ya pasó más de una vez, se impide que un enfermo llegue hasta un centro de salud para una intervención urgente y, así, se provoca su muerte.
Sí. Los bloqueos son criminales porque, mientras duran, dejan los caminos en manos de grupos de personas que imponen sus normas, como si el país no tuviera leyes. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en territorio chuquisaqueño donde los transportistas parecían tan ansiosos de reinstalar sus bloqueos que hicieron una vigilia en los caminos antes de iniciar la medida. Ya en la ejecución de los bloqueos, los choferes chuquisaqueños no solo se imponen con sus camiones sino también con actitudes intimidatorias hacia las personas que caminan entre ellos con el fin de realizar trasbordos. Por alguna razón no determinada oficialmente, son ellos quienes imponen el más férreo bloqueo y, al hacerlo, vulneran la Constitución y las leyes.
Sí. El bloqueo que los afiliados a las organizaciones del transporte pesado iniciaron el lunes es una medida de ese tipo, perniciosa e ilegal, pero, curiosamente, está dirigida en contra de otro tipo de bloqueos.
Lo que los transportistas piden es que se modifique el Código Tributario de tal manera que, al momento de pagar impuestos, los contribuyentes puedan presentar facturas de descargo de cualesquier actividad económica y no de una específica.
Su pedido es más que razonable si se toma en cuenta que la base del tributo es su universalidad. Sobre ese principio, todos deberíamos pagar impuestos —sin excepciones odiosas como las de los cocaleros y cooperativistas mineros— pero el tributo no debería convertirse en una tortura propia de la oprobiosa Inquisición.
Así como hay paraísos fiscales, Bolivia fue calificado como “infierno fiscal” debido al manejo anticonstitucional y retrógrado de la recaudación de impuestos.
El ciudadano que, queriendo cumplir con su obligación, pasa a formar parte del registro de contribuyentes se convierte en sujeto pasivo de multas a veces hasta por nimiedades. Para los no iniciados en la materia, el pago de impuestos es complicado pero llenar los formularios del SIN, ahora informatizados, lo es todavía más. Muchos lo hacen temblando porque saben que un error acarrea multas que, para colmo, pueden llegar a ser superiores a un salario, lo que también es ilegal.
El anacronismo de las normas tributarias, muchas contrarias a la Constitución y las leyes, son también un bloqueo, aunque no de calles ni caminos sino del desarrollo personal de los contribuyentes que, al ser sentenciados al pago de multas, violando las normas del debido proceso, se ven obligados hasta a contraer deudas para pagarlas.
Entonces, el bloqueo del transporte va en contra del bloqueo personal que las inconstitucionales normas tributarias nos imponen cada día.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
