La Paz, 19 de abril (Urgentebo).- El Gobierno boliviano anunció hoy que rescindirá dos contratos con la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, por el abandono de la construcción de una carretera y una hidroeléctrica y ratificó que cobrará los avales bancarios entregados por la firma por 151 millones de dólares.
Los ministros de Obras Públicas, Milton Claros, y de Energías, Rafael Alarcón, confirmaron hoy por separado a los medios que se tomarán ambas medidas, tras una reunión del consejo de ministros.
Según las autoridades bolivianas, Corsán Corviam abandonó en marzo pasado y sin dar explicaciones la construcción de la carretera entre los pueblos amazónicos de Ixiamas y San Buenaventura y de la planta hidroeléctrica de Miguillas, situada en el norte del departamento de La Paz.
El Estado contrató la construcción de la ruta por 137 millones de dólares y de la hidroeléctrica por 397,9 millones de dólares.
En el caso de la carretera, Claros dijo que el contrato se rescindirá y que el trámite para cobrar los avales bancarios se iniciará mañana.
Sostuvo que la empresa tuvo la oportunidad de "enmendar cualquier situación que se presentó" desde que fue notificada sobre la intención de cobrar los avales bancarios, pero no lo hizo.
"Entonces lo único que corre son las ejecuciones y es lo que vamos a hacer", agregó Claros.
En cuanto a la hidroeléctrica, Alarcón dijo que "ya se ha planteado la resolución del contrato" y se enviaron las notificaciones a los bancos "para el cobro de las boletas de garantía".
Las garantías bancarias entregadas por la empresa por la carretera suman alrededor de 34 millones de dólares y por la hidroeléctrica, 117 millones de dólares, según han informado la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), ambas estatales.
Claros advirtió de que, además de cobrar los avales bancarios, el Estado boliviano puede tomar acciones legales contra Corsán "por los perjuicios y daños" ocasionados con el abandono de obras.
"Es irresponsable la actitud que ha tomado la empresa, no existe buena voluntad por parte de la empresa y es algo que está claro. Nosotros nos reservamos el derecho de tomar acciones legales", indicó el ministro de Obras Públicas.
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