Primero llaman a un referéndum para preguntar si los bolivianos quieren o no que el presidente Morales vuelva a ser candidato. Les dicen que no quieren.
Un año y medio después buscan la manera de desobedecer el mandato del pueblo —al que dicen escuchar y obedecer— y la encuentran en el Tribunal Constitucional. Le plantean que toda persona pueda candidatear sin límites y él, obsecuente, les dice que sí puede.
Reconocen un solo límite: “el voto que decidirá si el pueblo acepta que una autoridad vuelva o no”, dice Álvaro García Linera (AGL). Pero —esto no lo dice— ese límite fue infringido ya el 21F.
El Vicepresidente hizo la declaración del límite a El País de Madrid durante la entrevista titulada “García Linera: Perder a Evo Morales sería un suicidio político”. En ella, no deja lugar a interpretaciones: no les interesa respetar la institucionalidad democrática.
Ante el fracaso de su intento de modificar el artículo 168 de la CPE, debían encontrar la llave para abrir la puerta de su ambición desmedida. Y la hallaron en “el derecho político que tienen las personas de participar en elecciones”, según el Vicepresidente, aprovechando que “la Constitución establece la primacía de los acuerdos internacionales sobre la propia Constitución. Entonces, se planteó al Constitucional que no debería establecerse límites para que una persona candidatee, en cumplimiento (d)el Pacto de San José sobre derechos humanos” (textual de dicha entrevista). Hábil jugada con la que desprecian la decisión asumida por el soberano —en la idea de Rousseau— a través de un referéndum.
AGL acomoda la historia a su conveniencia. El entrevistador Fernando Molina le pregunta sobre poder constituyente y poder constituido y él responde —sin impudicia aparente— que el primero de esos poderes (el de la gente) se aplica para el caso de la elección de Evo; es decir que todo lo demás —el referéndum, por ejemplo— no cuenta como poder constituyente porque lo único que vale es la elección y nada más. Entiende seguramente que el pueblo les otorgó carta blanca, sin posibilidad de reclamo o pedido de modificación alguna posterior a esa elección, ni siquiera, mediante referéndum.
Con eso ya había dicho bastante, tanto de él como de las pretensiones de su gobierno. Pero después el Vicepresidente se sincera brutalmente. Textual: “¿Por qué dejarlo ir (a Evo)? ¿Por qué ahora? Si uno se apegara estrictamente a las formas institucionales, correspondería dejarlo ir. Pero si uno se apega al núcleo ígneo de lo popular en movimiento, de lo popular unificándose, es un gran error perder aquello que se logra cada 100 o 200 años, la unificación, en aras de una lectura digamos plana de lo institucional”.
Más claro, imposible. AGL reconoce que en el marco de las normas establecidas “correspondería dejarlo ir”, pero prefieren ir en contra de la institucionalidad. De esta manera ratifica la proclamada receta oficialista del “le meto nomás”, aunque se violen principios elementales de la democracia como lo es la institucionalidad.
Cuando AGL cuestiona el “mero apego muerto a la palabra institucional de la democracia representativa”, por un lado está desdeñando la institucionalidad como fundamento de un Estado democrático y, por el otro, está reivindicando su particular visión que es, como queda demostrado, a pesar suyo, antidemocrática.
Evidentemente pretende instalar en la sociedad una nueva noción de democracia, una que sea menos “plana”. Y es notable su esfuerzo por tratar de convencernos de que el conejo no es conejo sino pato. Un verdadero mago de la política.
