Noviembre 27, 2024 -H-

Cristina Kirchner es procesada por asociación ilícita y lavado de dinero

El juez Claudio Bonadio la embargó en $ 130 millones y procesó también a sus hijos Máximo y Florencia y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. No podrán salir del país.


Miércoles 5 de Abril de 2017, 10:45am






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Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Foto Clarín

Buenos Aires, 5 de abril (Clarín).- El juez Claudio Bonadio, en la causa Los Sauces SA, procesó a la ex Presidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios K, Lázaro Báez y Cristóbal López por "asociación ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles". Además embargó a Cristina Kirchner en 130 millones de pesos.

Ninguno de los procesados podrá salir del país. La medida alcanza a los escribanos que participaron en diferentes operaciones. El Magistrado además, se declaró incompetente y sugirió que la investigación por conexidad, continúe en el juzgado a cargo del juez Julián Ercolini que procesó a Kirchner y a Báez por asociación ilícita en la causa que investiga la corrupción en la obra pública. Los hijos del empresario preso, también fueron procesados.

La inmobiliaria fue creada en 2006 por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Según Bonadio su único fin fue "la devolución o retorno" que "se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa". Y remarca que Los Sauces no contaba con una sede real, "no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la firma; sus empleados, Ángel Ramón Díaz Díaz (jardinero de la ex Mandataria) y, Florencia Kirchner que "no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni porque cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad".

Por primera vez los hijos de la ex Presidenta están procesados en una causa por corrupción, el Juez los definió como "jefes de una banda". Máximo Kirchner y Florencia Kirchner tienen un embargo de $ 130 y $ 100 millones respectivamente. En el caso de Báez el embargo también fue por $ 130 millones, mientras que a la sobrina de la ex Mandataria -Romina Mercado-, se la trabó un embargo de $ 100 millones. Los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa fueron embargos en $ 100 millones cada uno. Osvaldo Sanfelice, socio del diputado de La Cámpora también fue procesado y embargado. Las 21 personas indagas en la causa, terminaron procesadas.

En la causa Los Sauces que inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN), Bonadio consideró que hay pruebas suficientes para determinar que Cristina y Máximo Kirchner son "los jefes de la banda" a la que se sumó después de octubre de 2010 "Florencia Kirchner contando con poder de decisión en la sociedad". Al respecto, señaló que la empresa nunca buscó ser realmente una inmobiliaria sino un entramado "personal y societario para "percibir dinero ilegítimo a fin de darle apariencia licita" y que dicho plan fue pergeñado por "Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández, y Máximo Carlos Kirchner". Y Florencia tuvo un rol "preponderante" después del fallecimiento de su padre.

Así, según el escrito de más de 200 páginas, el Juez consideró que después de las 21 indagatorias realizadas, se había "conformado una banda con el objeto de recibir dinero como pago a retorno de la concesión de obra pública mediante contratos de locación de la firma "Los Sauces S.A” propiedad de Cristina Elisabet Fernández, Máximo y Florencia Kirchner por parte de empresas de los denominados Grupo Báez, Grupo Indalo, Grupo Sanfelice, Solvencia Crediticia S.A. y la Asociación Mutual Siempre Joven".

¿Por qué se procesó a Cristina Kirchner, a sus hijos y socios comerciales?. Por ser "jefes de una banda" y haber "conformado una organización que comenzó a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo del año 2003 hasta el día 14 de diciembre de 2016 día que se dispuso la intervención judicial de "Los Sauces S.A.," y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner", con la finalidad de "recibir dinero como ilegítima contraprestación del otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito".

El juez señaló que la inmobiliaria de la ex mandataria se valió para sus operaciones de un entramado societario conformado empresas del Grupo Austral, de Lázaro Báez (Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Construcciones, Valle Mitre S.A) y dos firmas del Grupo Indalo: Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia S.A. Además, señaló que también participaron empresas de Sanfelice, Idea SA y Negocios Patagónicos. Todo este conglomerado de firmas, fueron "beneficiarias de gran cantidad de contratos con el Estado Nacional", mientras que los dos principales accionistas de Los Sauces S.A. "ejercieron la primera magistratura de la República Argentina y cargos ejecutivos y legislativos en la provincia de Santa Cruz".

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