La Paz, 6 de junio (Urgentebo).-El futuro del fujimorismo, primera fuerza política de Perú será definido este miércoles cuando el Congreso decida si destituye o no al popular legislador Kenji Fujimori.

Kenji se sentará en el banquillo ante el plenario del Congreso acusado de haber intentado comprar votos para impedir la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo. Otros dos legisladores fujimoristas disidentes están acusados junto con él y también corren riesgo de ser destituidos. 

El fujimorismo se apresta a sufrir un cisma por el empeño de Keiko de expulsar del Congreso a su hermano, lo que conduciría a que ambos se enfrenten en las elecciones presidenciales de 2021. 

De hecho Kenji quedó con un pie fuera del Congreso hace dos semanas, cuando una comisión legislativa controlada por el partido de Keiko recomendó su destitución.

Sin embargo, él afirma que no está muerto políticamente. "Cadáver político, no (soy); estoy en coma", aseguró Kenji. 

Los dos hermanos se disputan ferozmente el legado político de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). A pesar de que fue condenado por crímenes contra la humanidad y corrupción, muchos peruanos veneran al expresidente de 79 años por haber acabado con el terrorismo de Sendero Luminoso y con la hiperinflación heredada de su antecesor Alan García.

"Los Fujimori han marcado la vida peruana desde hace más de dos décadas y media, primero durante la presidencia del padre y luego con la incursión en política de sus hijos Keiko y Kenji", dijo el sociólogo y analista político Fernando Tuesta a la AFP.

Carrera presidencial

La guerra fratricida puede conducir a una inédita contienda electoral entre hermanos en Perú, a pesar de los esfuerzos del patriarca del clan, quien salió de la cárcel por un indulto concedido por Kuczynski en diciembre.

Los Fujimori han marcado la vida peruana desde hace más de dos décadas y media

Con o sin destitución, Kenji puede ser un candidato "potente" frente a su hermana en 2021, según los analistas, pero sus aspiraciones podrían frustrarse si el Congreso lo inhabilita para postularse a cargos públicos como parte de las sanciones que le imponga. 

"La inhabilitación política es una potestad del Congreso. Puede ser de entre 5 años a 10 años. En el caso de Kenji, apunta claramente a sacarlo de la carrera presidencial de 2021", explicó Tuesta. 

Keiko se ha lavado las manos diciendo que la moción contra su hermano depende del Congreso, al que ella no pertenece, pero los legisladores que la impulsan son miembros de Fuerza Popular (derecha populista), el partido que ella y Kenji crearon. 
La decisión que adopte el Congreso es incierta, pues dependerá de la postura que asuman en último minuto varios partidos minoritarios. 
"La destitución de Kenji Fujimori procede con 67 votos, una suma que Fuerza Popular no tiene. El partido de Keiko tiene 59", dijo Tuesta.

¿Y si se salva?

El quiebre en el fujimorismo comenzó con las gestiones para lograr el indulto del expresidente, cuyos esfuerzos han sido infructuosos para conseguir un armisticio entre sus herederos. Keiko, la hija mayor de 43 años, se oponía al indulto alegando que el padre era inocente y que debería ser liberado por la justicia sin mediación del gobierno. 

Pero Kenji, de 38 años, batalló sin vacilaciones por el indulto y no dudó en apoyar a Kuczynski, quien había derrotado a Keiko en las elecciones de 2016. 

Los críticos de Keiko dicen que ella no quería que su padre saliera libre pues le podría disputar el control del partido. Keiko ha sido dos veces candidata presidencial, en ambos casos derrotada en balotaje. 

El desenlace podría tener una inesperada coda familiar. La madre de los hermanos Fujimori ha tomado partido por Kenji, en tanto que otros dos hermanos -Hiro y Sachi- que no participan en política son percibidos como más cercanos a Keiko.

El polémico indulto a Alberto Fujimori

Este miércoles también se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH dé a conocer su decisión sobre el indulto otorgado en diciembre pasado al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), informaron este martes los abogados de las víctimas que impugnaron esa gracia presidencial. 

"Habemus resolución de la @CorteIDH sobre el indulto y derecho de gracia concedidos a Alberto Fujimori", señaló el ex procurador Ronald Gamarra en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde agregó que la decisión del tribunal "aún no ha sido notificada a las partes".

El abogado Carlos Rivera, defensor de las víctimas de los delitos de lesa humanidad por los que fue sentenciado Fujimori, agregó al diario El Comercio que considera que "entre hoy y mañana" recibirán la resolución de la CIDH. 

"Suponemos que solamente están en los trámites de la notificación", comentó Rivera al indicar que la Corte informó en su sitio web que ha emitido resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias de varios casos, entre ellas de los peruanos Barrios Altos y La Cantuta. 

En su portal, el organismo supranacional agregó que la resolución será notificada "próximamente" a las partes. 

Los deudos de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por los que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel, solicitaron a la CIDH que se pronuncie sobre el cumplimiento de sentencias que encontraron al Estado peruano como responsable de violaciones a los derechos humanos. 

Esto se dio después de que el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski otorgó el pasado 24 de diciembre el indulto y la gracia presidencial a Fujimori, de 79 años, con el argumento de razones humanitarias. 

Rivera consideró que la CIDH, en cumplimiento del derecho internacional, debería evaluar la invalidez del indulto, lo que determinaría que el exmandatario retorne a prisión para terminar de cumplir su sentencia por delitos de lesa humanidad. 

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, declaró este martes que tanto él como su Ejecutivo acatarán y "respetarán" cualquier resolución de la CIDH sobre el caso Fujimori y no harán "cálculos políticos" sobre la aplicación de una sentencia. 

El indulto también fue rechazado de forma unánime por organizaciones defensoras de los derechos humanos e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se pronunció en su contra al considerarlo una forma de impunidad por los crímenes cometidos.

AFP Y EFE