Durante décadas, miles de bolivianos migraron hacia Europa en busca de seguridad, estabilidad económica y oportunidades laborales que no encontraban en su tierra natal. Atravesaron fronteras, aprendieron nuevas lenguas, construyeron familias y aportaron con su trabajo al desarrollo de países ajenos. Europa fue su refugio. Bolivia, su memoria. Alla encontraron seguridad; acá quedo el chuño, el ají de fideo y la sopa de quinua como símbolos de un hogar lejano pero persistente.
Sin embargo, en un giro inesperado de la historia, las coordenadas del riesgo global han cambiado. La amenaza de un conflicto armado de escala mayor, incluso nuclear (SIPRI,2023), vuelve a sacudir al continente europeo. Las tensiones geopolíticas entre bloques militares, la expansión de arsenales y la fragilidad del sistema multilateral de seguridad han devuelto al centro del debate una pregunta inquietante: ¿están realmente seguros nuestros compatriotas que alguna vez buscaron refugio en el norte?
Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI,2023), los arsenales nucleares están creciendo nuevamente, rompiendo con décadas de reducción progresiva. La desarticulación de tratados como el INF y la falta de avances en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN,2017) colocan a la humanidad frente a un abismo moral y estratégico. En este nuevo escenario, los migrantes, particularmente aquellos provenientes del sur global, se encuentran en una vulnerabilidad extrema, atrapados entre la inseguridad jurídica y la amenaza existencial.
Frente a esta realidad, Bolivia no puede permanecer indiferente. Los derechos humanos no se suspenden con el pasaporte. Desde el derecho internacional humanitario hasta las normas de protección consagradas en tratados como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares (ONU,1990), el Estado Boliviano tiene la obligación jurídica y ética de velar por la seguridad, integridad y bienestar de sus ciudadanos en el exterior, especialmente en contextos de crisis.
Ahora surge la siguiente interrogante, ¿Qué podemos hacer desde Bolivia, cuando el riesgo ya no está en casa, sino allá donde nuestros compatriotas buscaron futuro?, diremos que Primero, diseñar una política exterior más activa en materia de protección consular en contextos de conflicto. El fortalecimiento de redes diplomáticas, la activación de protocolos de evasión humanitaria y el monitorio constante de zonas de riesgo son acciones imprescindibles. Segundo, Bolivia debe impulsar acuerdos bilaterales y regionales par garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de sus ciudadanos en caso de escalada bélica.
Tercero, en un acto de diplomacia económica y cultural, Bolivia puede reconfigura el vínculo con sus diásporas mediante estrategias de comercio exterior inclusivo. El chuño, la quinua, el charque y otros productos emblemáticos no son solo alimentos; son puentes emocionales. Exportar estos bienes a comunidades bolivianas en el exterior es también exportar identidad, pertenencia y consuelo en tiempos de incertidumbre.
Y por último, debemos reforzar los lazos entre las comunidades migrantes y su país de origen mediante plataformas digitales, proyectos culturales trasnacionales y políticas públicas que reconozcan la doble pertenencia como una riqueza, no como una carga.
Porque donde antes hubo refugio, hoy puede haber amenaza. Pero donde hubo chuño, ají y memoria, sigue habiendo patria.
El mundo está cambiando, y los riesgos globales ya no son lejanos ni ajenos. Bolivia debe estar a la altura de su pueblo, dentro y fuera del territorio. La Paz, la seguridad y la dignidad no deben tener fronteras.
Buscar la paz sin transformar las estructuras de poder es como espera que el chuño florezca.
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