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La Paz, 20 de abril  ( Urgentebo).-  La empresa italiana Drillmec, a través de un comunicado, dio  a conocer que el presidente de  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, dio luz verde al contrato  y la fabricación de tres  taladros de exploración solicitados por la empresa estatal.

Además, en la misiva italiana se rechaza “cualquier insinuación  de presuntos actos ilegales y el proceso de adjudicación” con el Estado biliviano.

“Una muestra de esta situación constituye la correcta firma del contrato  con YPFB y la posterior orden de proceder, decisión expedida por la Presidencia Ejecutiva  ( Guillermo Achá) y que dio inicio a la fabricación  de los tres equipos  requeridos en el marco de  un proceso ampliamente  verificado y fiscalizado por varias instancias  administrativas  y legales de la propia empresa estatal petrolera boliviana”,  dice un párrafo del comunicado.

Por ese motivo, exhorta al gobierno a cumplir lo firmado y la orden de proceder que refrendó YPFB porque “como lo recalcó en más de una oportunidad el propio Presidente Ejecutivo de la compañía, Guillermo Achá, todo el proceso de adjudicación del contrato (…) fue completamente transparente”.

Al respecto el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, lamentó que pese a esta prueba el Gobierno siga encubriendo al presidente de YPFB, insistió en que debe estar incluido en las investigaciones que  realiza la Fiscalía.

“Hay una clara estrategia de brindar protección al presidente interino de YPFB, el señor Guillermo Achá haciéndolo a un  lado del proceso por las presuntas irregularidades  en el proceso de  corrupción, en la contratación  de  tres taladros”,  lamentó  el legislador de oposición.

Ayer, el  Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,  dijo que Guillermo no firmó documento alguno que pruebe su participación en la adquisición de las maquinarias a la empresa italiana.

El ministerio de Justicia, a tiempo de presentar denuncia contra 15 funcionarios de YPFB, recomendó al presidente Achá cancelar el contrato tachado de irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación por un valor de 184 millones de dólares, aunque aclaró que no hubo daño económico al Estado.

Por su parte  el diputado del Movimiento Al  Socialismo (MAS), Víctor Borda, dijo que en caso la Fiscalía encuentre algún indicio de responsabilidad contra  el Presidente de la estatal petrolera “deberá ir a la cárcel”. Sostuvo que el Gobierno no se acepta los hechos de corrupción.

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