La Paz, 31 de octubre (Michelle Aruquipa, Urgentebo.com).- A pesar de la Ley 348, que busca frenar la violencia contra las mujeres y los casos de feminicidio en Bolivia, el sistema estatal conformado para combatir las expresiones violentas del machismo impide que prosperen las denuncias de las mujeres decididas a poner un alto al ataque de sus parejas.
Un estudio internacional presentado hace pocas semanas en Bolivia señala que una mujer tarda hasta siete años para tomar la decisión de denunciar a su agresor, pues en ese periodo ha tenido que soportar a su pareja por el qué dirán, por la cuestión económica o por mantener la familia en nombre del hijo. Sin embargo, al cabo de que ella se decide, debe enfrentarse a autoridades e instituciones que no la ayudan; por el contrario, la amedrentan y la revictimizan.
Según pudo comprobar El Compadre, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia a la Mujer (FELCV), el Ministerio Público y los juzgados, frenan a las mujeres, debido a la falta de condiciones de trabajo, la escasa preparación de los funcionarios, la mentalidad machista y la retardacción y corrupción.
Un estudio elaborado por Alianza Libre sin Violencia, en base a una consulta con 192 mujeres víctimas de violencia, reveló que el 80% de ellas dice que la denuncia presentada no avanza en la FELCV. “Ese es el resultado de estudios hechos sobre la calidad del servicio”, dijo Nora Quispe, de esta institución.
Por ejemplo, esta semana, una mujer que se fue a la FELCV en la zona Sur de La Paz tuvo que comprar 20 hojas de papel bond y un folder para que registren su denuncia de agresión..
Así, Alianza Libre y Comvo Mujeres concluyen que la evidente retardación se convierte en un proceso inacabable. Pues desde el inicio de la denuncia hasta que el caso concluya en sentencia puede pasar fácilmente los tres años.
Una de las razones esenciales para esta situación es la distancia entre la Ley 348 y la realidad, según las fuentes consultadas.
El personal de las instituciones aún trabaja 1674 que enfoca los casos de violencia en el ámbito de la conciliación, no en el penal. Entonces, la mujer que denuncia se encuentra con un policía o un fiscal que le sugiere desistir.
La Ley 348 “demanda un grado alto de especialidad y profesionalidad porque la vía penal es muy diferente a la vía familiar. Si no se conoce esta ruta, con seguridad el proceso no será bien encaminado. Por ejemplo, si no se presenta una querella completa el proceso cae”, expresó Rosario Ricaldi, Responsable del Programa de Incidencia de la Coordinadora de la Mujer.
Al hecho que la mujer debe contratar un abogado para el juicio, se suma que, aunque la Ley 348 dice que todo médico puede emitir el certificado forense, en la práctica ocurre que el forense reclama que él es el especialista y el resto de sus colegas no está informado para emitir el respectivo documento, dice Ricaldi.
El otro problema es la inestabilidad del personal. Se presentan situaciones en que cuando un policía es capacitado, le llega otra orden de destino o en municipios rurales, el personal del SLIM debe darle una hora a esta temática, pues tiene otras responsabilidades
“Muchas mujeres reclaman; Ustedes, el Estado son buenos para exigir. Si le grita, denuncie, si le pega, denuncie y nosotros vamos y denunciamos y nos encontramos con una línea gratuita que a veces funciona y otras no. Por otro lado cuando una va a denunciar, si no estamos chorreando (sangre) no se nos prioriza”, dice Ricaldi al recordar un testimonio.
Y ese parece ser el caso. El Compadre habló con una mujer quien hace 8 meses denunció que era víctima de violencia. El caso no avanzó y su marido volvió a golpearla, pues vive en su hogar.
Ahora cuando el caso avanza de la FELCV a la Fiscalía y del Ministerio Público a la Justicia, la mujer debe, además de enfrentar la ya tradicional chicana, asumir la enorme carga procesal que tiene el juzgado especializado en lucha contra la corrupción y contra la violencia a la mujer.
“Las mujeres se desgastan y se arrepienten de denunciar. Es importante no desalentar la denuncia y exigir al Estado condiciones para que la víctima no dé un paso atras, expresó.
