La Paz, 29 de abril (Urgentebo).- El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, cuestionó que para definir el incremento salarial, el Gobierno considere variables como la sostenibilidad y la productividad cuando se trata de empresas públicas; mientras que en el caso de las privadas lo decida en negociaciones bilaterales con criterios más políticos que técnicos.
“Nos preocupa mucho que en el ámbito laboral las medidas más drásticas se apliquen contra el sector privado nacional, mientras que en el caso de las estatales se consideren variables de racionalidad y protección, como las que define el Decreto 2348, lo que implica un trato desigual, injusto e inadecuado que contradice a la propia Constitución Política del Estado que en su Artículo 306 señala que la economía plural se basa en principios de igualdad, equilibrio y justicia”, afirmó.
Asimismo, considera que las excepciones anunciadas por el Gobierno y la intención de deslindar responsabilidades sobre las consecuencias del incremento salarial muestran que “el análisis careció de un sustento técnico y una visión de desarrollo productivo de mediano y largo plazo”, lo que pone en serio peligro el empleo de miles de bolivianos y la capacidad de crecimiento y estabilidad de la mayoría de las empresas en Bolivia.
El representante de los empresarios recordó explicó que datos oficiales del propio Gobierno muestran que la tasa de informalidad laboral supera el 60% y la de trabajo no asalariado está por encima del 50%.
“Sabemos que esto responde en gran medida a la política salarial que opta por incrementos que no toman en cuenta la productividad y la capacidad para sostenerlos y a la política de ajustar al sector formal cuando existe un creciente sector informal, lo que deriva en una precarización de las condiciones de empleo”, expresó.
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