La Paz, 25 de junio (Revista Oxígeno).- La crisis económica en Bolivia como consecuencia causa de la pandemia del coronavirus ha golpeado con particular dureza a la industria nacional. Solo el 2020, cada día se cerró una empresa industrial y el desempleo abierto llegó al 8.7%. Sin embargo, se debe considerar es que el grave problema de la salud no ha terminado y la crisis económica no se ha enfrentado aún, por lo tanto, la afectación a las empresas continúa.
Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery Paz, Bolivia atraviesa por la peor crisis económica en varias décadas: la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 11,1% en 2020; el aumento del déficit fiscal; la disminución progresiva de las Reservas Internacionales Netas (RIN); los efectos sobre las economías de los mercados internacionales; la disminución de la demanda y el consumo; y el aumento del contrabando han generado una situación de colapso.
“La paralización de la economía por más de 150 días (marzo a agosto) nos dejó en situación de gravedad extrema y cuando pensábamos que lo peor estaba pasando, llegó la segunda ola y viene la amenaza de la tercera ola del COVID. Hoy se discute un nuevo cierre de fronteras y la reactivación de medidas de prevención más rígidas, lo que terminará por colapsar la economía de varios sectores e incluso de regiones enteras”, sostuvo Barbery.
Si bien es imposible cuantificar los efectos finales de esta catástrofe a causa de la pandemia, los primeros datos son contundentes: a noviembre de 2020, la minería cayó en 30%, la construcción en 27%, el transporte en 17% y la industria manufacturera en 9%.
Este escenario ha obligado a que muchas empresas en el país paren sus actividades o las han disminuido al mínimo; varias han cambiado de rubro o se han concentrado en la sobrevivencia.
El presidente de la CEPB asegura que la hotelería, la gastronomía y el turismo han reportado situaciones de colapso. Empresas de construcción, comercio, transporte, servicios e incluso los medios de comunicación reportaron situaciones de crisis, a veces insostenible. “En 2020, cada día se cerró una empresa industrial. La dirigencia de las Mypes ha reportado el cierre de 100.000 afiliadas en la pandemia. En el sector industrial las ventas bajaron en 12,5%, las utilidades cayeron en un 84%. Solo el 20% de la industria en Bolivia ha trabajado; el 80% ha tenido una productividad cero”, sentenció.
El gobierno nos habla de una reactivación por la disminución de los casos y la vacunación, y es previsible un rebote estadístico, pero debemos entender que esta mejoría en las cifras, no puede considerarse crecimiento sino una leve recuperación porcentual que no puede llevarnos al exitismo, explicó el presidente de la CEPB.
400.000 desocupados el 2020
Si bien no es posible cuantificar el efecto real de la pandemia sobre el empleo, las cifras oficiales proporcionadas por el presidente de los Empresarios Privados detalla que, a noviembre de 2020, el desempleo abierto era del 8.7%, el más alto en casi 20 años; la tasa es más elevada entre jóvenes y mujeres.
“Durante la cuarentena rígida la tasa de desempleo se duplicó y con una nueva cuarentena este porcentaje puede incrementarse más. En cifras brutas, el porcentaje de 8.7% significa más o menos 400.000 desocupados, que significan familias enteras sin fuentes de ingresos. Eso puede estar conduciendo a la previsión de la CEPAL que estima que la pobreza extrema en Bolivia aumentará del 14 al 16,8% y la pobreza subirá del 32,1% al 36%. Pero el problema es más grave. Las personas que no están desocupadas, en su desesperación, engrosan el empleo informal y precarizado, y el comercio de supervivencia”, explicó Barbery.
Respecto a cómo enfrentar la crisis económica, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia plantea al Gobierno dejar de poner trabas a la reactivación de las empresas y garantizar las condiciones para que la economía pueda dinamizarse y crecer de manera equilibrada y sostenida a partir de los agentes generadores de riqueza y de fuentes de trabajo.
Para este cometido, plantean enfrentar seriamente el contrabando, inyectar recursos a la economía, dinamizar la demanda, pagar las deudas del Estado pendientes con las empresas proveedoras, especialmente las constructoras, proteger la estabilidad del sistema financiero y permitir que las unidades productivas se recuperen, tengan la capacidad de mantener su planilla y recuperen paulatinamente el ritmo de crecimiento que les permita absorber más empleo.
En las actuales condiciones, la CEPB plantea garantizar las fuentes de trabajo; pensar en la sobrevivencia de las empresas, los negocios y los emprendimientos, que son los que generan el empleo, y si se los presiona más, estas cerraran y el colapso de los sectores privados va a significar un aumento exponencial del desempleo y la pobreza.
La Ley 1355 del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), la Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 y la Ley 1357 del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), promulgadas por el presidente Luis Arce Catacora, apuntan a consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y recuperar el crecimiento económico del país.
En ese contexto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que este conjunto de leyes contribuirán a fortalecer la redistribución del ingreso, reactivarán el mercado interno y se tendrá mayor justicia social.
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