Las personas migrantes, especialmente las mujeres, enfrentan condiciones de vulnerabilidad debido a factores como la precariedad laboral, la discriminación y la explotación. Estos temas se amplifican en la frontera entre Bolivia y Chile, donde la migración laboral y de desplazamiento forzado van en aumento.
En cuanto al contexto migratorio entre los dos países, Chile ha sido un destino para muchos migrantes bolivianos, principalmente por razones laborales. Las mujeres representan una gran parte de la migración hacia Chile y suelen trabajar en el sector doméstico, agroindustrial, o en servicios. La mayoría de los migrantes bolivianos en Chile son migrantes laborales, que buscan mejorar su situación económica, aunque en el camino enfrentan múltiples barreras, como la regularización de su estatus migratorio y condiciones de trabajo precarias.
En cuanto al impacto de género en la migración, las mujeres migrantes suelen ser empleadas en sectores informales, como el trabajo doméstico y de cuidado, lo que les ofrece poca seguridad laboral y las expone a largas jornadas y bajos salarios. Además, enfrentan un riesgo elevado de explotación laboral y violencia. Muchas de estas mujeres también sufren de discriminación de género y xenofobia, enfrentando estereotipos y barreras adicionales por ser migrantes y, en algunos casos, indígenas.
Por otro lado, las mujeres migrantes en Chile a menudo están expuestas a situaciones de violencia de género, tanto en sus hogares, como en sus lugares de trabajo. Al encontrarse en un país extranjero, muchas veces desconocen sus derechos o temen denunciarlos debido a su situación migratoria. La falta de redes de apoyo y servicios de protección específicos para mujeres migrantes en Chile dificulta su acceso a ayuda en situaciones de violencia. Así mismo, el acceso limitado a servicios y derechos hace que las mujeres migrantes bolivianas enfrenten barreras para acceder a servicios de salud y protección social. Esto se debe, tanto a su estatus migratorio irregular, como a barreras lingüísticas y culturales.
En Chile, se han identificado numerosos casos de trata y tráfico de mujeres bolivianas con fines de explotación sexual, una problemática que ha crecido debido a la vulnerabilidad económica y falta de protección legal para las migrantes. Las redes de trata, muchas veces conformadas por personas cercanas a las víctimas, captan a mujeres jóvenes bolivianas a través de ofertas laborales engañosas y promesas de una vida mejor, solo para someterlas a explotación una vez cruzan la frontera.
Un caso representativo es el de una red que operaba entre Bolivia y Chile, desarticulada en un operativo binacional, la cual traficaba tanto adultos como menores de edad, incluidas varias mujeres bolivianas. Las víctimas, en su mayoría provenientes de áreas rurales y de bajos ingresos, eran trasladadas a diferentes regiones chilenas, como Tarapacá y la Metropolitana, donde eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y coerción. Este tráfico ilícito se ha intensificado debido a la situación de precariedad y a la falta de documentos legales, lo que dificulta la denuncia y el acceso a ayuda de las víctimas
Para enfrentar esta situación, los gobiernos de Bolivia y Chile firmaron en 2022 un acuerdo bilateral que creó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para abordar y procesar casos de trata y tráfico de personas. Este equipo se centra en mejorar la coordinación entre ambas fiscalías y desmantelar las redes criminales que explotan a mujeres y menores, buscando también prevenir futuros casos mediante políticas de sensibilización y asistencia a las víctimas La persistencia de estos casos revela la necesidad de implementar protección fronteriza, apoyo legal, y programas de rehabilitación específicos para mujeres migrantes.
En 2023, Bolivia y Chile también firmaron un acuerdo para mejorar la seguridad fronteriza y combatir actividades delictivas como el contrabando de vehículos, el narcotráfico y el crimen organizado. Este acuerdo incluye operativos policiales conjuntos y el intercambio de información entre fuerzas de seguridad de ambos países, con la meta de fortalecer el control en áreas de mayor riesgo en la frontera. Uno de los objetivos clave es luchar contra la trata de personas, que afecta principalmente a mujeres y menores de edad, quienes son vulnerables a redes de explotación sexual y laboral.
Además, el acuerdo incorpora un sistema para facilitar el acceso legal a visas temporales para bolivian@s en Chile y viceversa, con el fin de reducir la migración irregular. Este tipo de permisos, exentos de ciertos costos, permite que las personas trabajen de manera formal en sectores como el agrícola, evitando su exposición a redes de tráfico ilegal.
A pesar de los avances, la seguridad en la frontera aún enfrenta obstáculos debido a la extensión del territorio, los recursos limitados y la falta de un sistema de control migratorio integral que facilite la detección y prevención de actividades ilegales.
El fortalecimiento de la frontera segura entre Chile y Bolivia dependerá de una cooperación binacional continua, inversiones en infraestructura de vigilancia y un enfoque en políticas de protección de derechos humanos para los y las migrantes.
El tema de género y migración binacional también requiere de una respuesta integral que abarque derechos laborales, protección contra la violencia de género, y acceso a servicios básicos. Además, la cooperación entre ambos países, las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil son cruciales para brindar apoyo y mejorar las condiciones de vida de las mujeres migrantes.
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