A tiempo de enviar un saludo cordial a todos los lectores de esta columna, quiero expresarles mis mejores deseos de éxito en todos sus planes y objetivos para este nuevo año que recién comienza, y espero que sigan adelante siempre con la bendición del Altísimo.

Aprovecho para comentarles que una de las más recientes publicaciones anuales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la Fundación Konrad Adenauer, es el “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano”, que ha sido publicado el mes de noviembre del pasado año, y que en esta edición dedica una sección especial a analizar las “Perspectivas de las relaciones entre justicia y política en América Latina”; y ciertamente esta temática partió del reconocimiento de las problemáticas actuales que enfrenta el modelo de Estado democrático de derecho en América Latina y del impacto que pueden traer para su legitimidad y funcionalidad.

Los amplios términos del debate permitieron incluir asuntos constitucionales que bordean desde el principio de la separación de poderes, pasando por la independencia judicial, la transparencia y el control político, hasta la materialidad de cuestiones como la administración de justicia, su financiamiento y su autonomía presupuestaria, la garantía de los derechos fundamentales y la eficacia del Estado de derecho. De las reflexiones fomentadas por el Programa y de los artículos incluidos en esta sección especial se destacan aspectos fundamentales que se espera contribuyan a la continuidad que tendrá y deberá tener el debate, no solo entre académicos sino también en las instancias de formación y acción jurídica”.

Por otro lado, cabe destacar que el Anuario, también contiene una segunda sección donde reúne artículos dedicados al análisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, derecho constitucional y derechos fundamentales. Así por ejemplo, y en lo referido al control de convencionalidad y los debates entre el derecho nacional y el internacional, destacan los trabajos de Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México): “El control de convencionalidad como un vehículo para el diálogo judicial entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales de América”; Roberto Hung Cavalieri (Venezuela): “Los derechos humanos en Venezuela luego de la denuncia de la Convención. (El desconocimiento del sistema interamericano con expresa complicidad de la justicia constitucional)”; Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay): “Control de convencionalidad. Análisis de jurisprudencia”; Fernando Alberto Rey Cruz (Colombia): “El derecho internacional de los derechos humanos en el sistema jurídico colombiano. Logros y dilemas en su aplicación”.

Por otro lado, en cuanto se refiere a la protección y garantía de los derechos fundamentales, son interesantes las aproximaciones realizadas por: María Victoria Calle Correa (Colombia): “La Constitución en marcha. El cumplimiento de sentencias estructurales en la Corte Constitucional colombiana”; Emerson Affonso da Costa (Brasil): “Jurisdição constitucional, direitos fundamentais e princípio democrático: parâmetros para a atuação do poder judiciário na promoção dos valores constitucionais em respeito ao princípio majoritário”; Mara Gómez (México): “La contribución de la Corte Internacional de Justicia al desarrollo de los derechos humanos en el mundo”; Carlos Ramón Salcedo Camacho (República Dominicana): “Posmodernismo, derechos fundamentales implícitos y la solución constitucional dominicana”. Así también, sobre los derechos económicos, sociales y culturales y la sostenibilidad fiscal, son importantes los aportes de Daniel Ricardo Quiroga Villamarín (Colombia): “Recontextualizando la globalización. El “espacio intermedio” de la sostenibilidad fiscal en Colombia”; y del profesor Víctor Bazán (Argentina): “Los derechos sociales en épocas de emergencias y crisis económicas”.

Esta nueva edición del Anuario también incluye una sección dedicada a mostrar algunas lecturas de la función judicial en América Latina, sobre cuya temática se incluyen los trabajos de, Eliana de Rosa (Argentina): “Crisis de la función judicial y alternativas de superación: dos visiones contrapuestas”; Enrique Navarro Beltrán (Chile): “45 años del Tribunal Constitucional de Chile (1971-2016)”.

Por su parte, el jurista Farit Limbert Rojas Tudela (Bolivia) escribe un artículo titulado: “Por una genealogía del saber jurídico”, con el propósito de reinterpretar la relación entre derecho y justicia. Para ello, propone una lectura genealógica desde la perspectiva del pensador francés Michel Foucault. Se parte del análisis de la relación entre derecho y justicia en la Antigüedad y la Edad media. Se revisan las transformaciones del derecho en la Edad Moderna y se concluye con un examen de las actuales concepciones de la relación derecho-justicia.

Asimismo, el autor Pol Willan Roman Andrade (Bolivia) escribe sobre: “Pluralismo jurídico y deslinde jurisdiccional”, poniendo a consideración de los lectores una propuesta de deslinde entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, sobre la base de los parámetros establecidos por la Constitución boliviana. Para ello se parte del desarrollo teórico del pluralismo jurídico y de su convergencia en la igualdad jerárquica de ambas jurisdicciones prevista por el artículo 179.II constitucional, así como de sus implicancias. Del mismo modo, en este trabajo ha merecido especial consideración el concepto de bien jurídico, debido a que constituye un elemento de la propuesta de deslinde jurisdiccional que interrelaciona de manera dinámica los ámbitos de vigencia personal, material y territorial de la jurisdicción indígena originaria campesina.

Esta importante obra, que compendia interesantes trabajos para conocer los avances del derecho constitucional a nivel latinoamericano, ahora se encuentra disponible para lectura, en el sitio web de la Fundación Konrad Adenauer: http://www.kas.de/rspla/es/publications/46909/