3 de enero (Urgente.bo).- Este jueves, las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) asumieron sus cargos ante el presidente Luis Arce.
Sin embargo, ellos deberán convivir con los magistrados prorrogados, cinco en el TCP y dos en el TSJ, quienes continúan en funciones amparados por un fallo de constitucional (auto constitucional) que les permite mantenerse hasta que se convoquen nuevas elecciones judiciales.
El abogado constitucionalista Israel Quino destacó que los nuevos magistrados tienen cuatro retos inmediatos en el ejercicio de sus funciones y planteó tres posibles vías legales de defensa para frenar la continuidad de los magistrados prorrogados en el TCP.
Retos para los nuevos magistrados
Los magistrados recién posesionados evitaron adelantar criterios sobre la situación de los prorrogados y anunciaron que este lunes, en sala plena, definirán una postura al respecto. Según Quino, esta decisión es prudente, ya que emitir opiniones previas podría comprometer la percepción de imparcialidad en sus decisiones futuras.
“El hecho de que los magistrados no hayan adelantado criterios y se hayan limitado a señalar que fijarán una postura es clave para mantener la imparcialidad”, resaltó Quino.
En el caso del TSJ, donde los nuevos magistrados son mayoría, no habría mayores dificultades para tomar decisiones en sala plena. Sin embargo, en el TCP, la situación es distinta, ya que los magistrados prorrogados superan en número a los nuevos (de 5 a cuatro).
Quino señaló que los desafíos inmediatos incluyen: “Decidir si se sentarán o no en sala plena con los prorrogados, determinar si obedecerán las convocatorias realizadas por estos magistrados, resolver si constituirán salas híbridas con magistrados electos y prórrogados y evaluar cómo actuarán ante acciones constitucionales que busquen poner fin al autoprorrogismo judicial”.
Vías legales para frenar el autoprorrogismo
Quino identificó tres posibles acciones legales que podrían ser impulsadas para dejar sin efecto la continuidad de los prorrogados: Una acción popular (para proteger derechos colectivos o de interés general), una acción de cumplimiento (para exigir el cumplimiento de deberes legales y un amparo constitucional (para salvaguardar derechos fundamentales vulnerados)
Estas acciones podrían ser presentadas por cualquier ciudadano en el país y, al ser revisadas por los nuevos magistrados, podrían representar un camino legal y formal para cerrar el ciclo del autoprorrogismo.
“Cuando estas acciones lleguen en revisión al TCP, los magistrados prorrogados no podrán participar en la evaluación porque serían parte procesal. Será el turno de los nuevos magistrados de asumir la revisión y decidir conforme al mandato del Código Procesal Constitucional”, explicó Quino.
Papel del Órgano Legislativo
En medio de este panorama, varios asambleístas han manifestado su compromiso de convocar a elecciones complementarias en las regiones donde no se realizaron elecciones judiciales, que son el núcleo del problema. Sin embargo, Quino lamentó la falta de acción efectiva por parte de la Cámara de Diputados y sugirió que el Senado podría liderar el proceso mediante una ley corta.
“El Senado podría aprobar una ley que permita el funcionamiento transitorio del TCP con cuatro magistrados mientras se desarrolla un nuevo proceso electoral”, señaló el abogado.
Quino concluyó que resolver el tema del autoprorrogismo judicial es fundamental para “evitar riesgos para la democracia y garantizar la institucionalidad en el país”.
