4 de enero (Urgente.bo).- El exdiputado Amílcar Barral anunció que este lunes presentará una ampliación de la denuncia penal contra el diputado evista Gualberto Arispe, acusándolo de complicidad por presuntamente impedir que el expresidente Evo Morales sea aprehendido.
“Busca defender a un delincuente confeso, un delincuente cuyo paradero todos conocemos, ya que está en el Chapare. Parece que la Policía y el Ministerio de Gobierno no se han enterado de esto”, afirmó Barral.
El exparlamentario cuestionó las declaraciones de Arispe, quien amenazó públicamente con tomar represalias contra quienes intenten capturar a Morales. Según Barral, estas amenazas no solo son graves, sino que constituyen delitos que deben ser sancionados. La exautoridad demando Arispe por los delitos de instigación pública a delinquir y amenazas.
“El lunes vamos a ratificar la denuncia penal y ampliar los delitos por complicidad. No se puede permitir que una autoridad venga a amenazar con matar personas. Arispe está instigando públicamente a cometer un delito tan grave como el asesinato”, señaló.
Las polémicas declaraciones de Arispe fueron realizadas desde el Trópico de Cochabamba el pasado fin de semana, donde Morales se encuentra atrincherado debido a que enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de estupro y trata de personas.
“Aquel que quiera venir a aprehender a Evo Morales, que venga, pero decidido a morir. Y si no está decidido a morir, mejor que no venga, porque acá estamos listos para defender a nuestro hermano Evo”, dijo Arispe en un acto público.
Tras estas declaraciones, la Policía inició una investigación de oficio contra el legislador. Días después, Arispe admitió que sus palabras fueron “desatinadas”.
Barral enfatizó que continuará con el proceso penal hasta las últimas consecuencias y sostuvo que la Constitución Política del Estado (CPE) no protege a Arispe, ya que este no está actuando en el marco de sus funciones como autoridad, sino como particular.
“La CPE no lo protege porque no está cumpliendo con su trabajo como autoridad. Además, lo primero que debería suceder es su expulsión de la Asamblea Legislativa. No se puede permitir que se utilice un cargo público para amenazar y proteger a un delincuente”, concluyó Barral.