Atribuir la crisis al fracaso del modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha ganado amplia aceptación en la opinión pública. Razones no faltan, ya que las políticas económicas vigentes ocasionaron la escasez de divisas, el desabastecimiento de combustibles y el alza del costo de vida. Sin embargo, para hilar fino, habría que distinguir entre el modelo entendido como diseño o planeación y su implementación. Un edificio mal construido no siempre es el resultado de un diseño arquitectónico defectuoso, sino, en muchos casos, de una pobre ejecución de las obras.

Si bien el modelo económico adolece de graves fallas, los mayores males tienen relación con su pésima implementación. En gran medida, a causa de la corrupción en el manejo de los fondos públicos destinados a la puesta en marcha de los planes y proyectos económicos o productivos.

En sus primeros años (2006-2010), el MAS parecía tener intenciones genuinas para combatir la corrupción, pero se equivocó al adoptar una estrategia demasiado contaminada con la idealización de los movimientos sociales. Creyendo que en verdad eran la “reserva moral de la humanidad”, el gobierno de Morales constitucionalizó los mecanismos de participación y vigilancia social. Sin más pruebas, los dirigentes y representantes de las organizaciones fueron vistos como si fuesen fiscalizadores inmunes a la corrupción. Una vez investidos de poder, tomaron las riendas para velar por la transparencia en el manejo del dinero público. La prueba de fuego les llegó pronto, con la puesta en marcha del “Fondo Indígena” hacia finales del 2011. Sin embargo, el resultado fue catastrófico en todos los sentidos posibles.

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El segundo escándalo de corrupción salió a flote con el caso Zapata. Al tiempo que Gabriela sostenía una relación sentimental con el entonces presidente Evo Morales, encauzaba la adjudicación de contratos estatales hacia las cuentas bancarias del consorcio chino CAMC. ​Aunque las acusaciones de enriquecimiento ilícito no llegaron a salpicar al primer mandatario, este caso confirmó las sospechas de que las licitaciones estaban plagadas de sobreprecios, tráfico de influencias y favoritismos.

Los años de bonanza fueron un terreno fértil no sólo para la escalada de la corrupción, sino también para la implementación de los planes y proyectos previstos en el modelo económico del MAS. Pero la coexistencia no es posible. O florece la corrupción o los proyectos económicos, por una simple razón: relación costo-beneficio. Los negociados encarecen los proyectos económicos y éstos últimos solo prosperarán en ausencia de lo primero. En los hechos, los políticos con capacidad de decisión, simplemente optaron por las prebendas, ignorando intencionalmente los criterios e indicadores de eficiencia, productividad y rentabilidad económica.

¿Qué explica que se hayan implementado proyectos que no tenían viabilidad económica? En última instancia, la única respuesta posible es la ambición de las autoridades ante la oportunidad de recibir una jugosa coima. No hay otra explicación razonable para haber gastado miles de millones de dólares en empresas públicas que, desde un inicio, todos sabían que estaban condenadas al fracaso. Ahí está, por ejemplo, la azucarera de San Buenaventura que, a pesar de haber sido desahuciada por varios estudios previos, representó un gasto total que sobrepasó los 260 millones de dólares.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la corrupción escaló a la par del aumento del gasto público. Y tampoco tengo dudas que involucra a personajes del más alto rango. Evo Morales utilizó y toleró las coimas y sobornos para comprar la lealtad de sus seguidores y, cómo no, para perseguir penalmente a los opositores. Luis Arce no solo sigue al pie de la letra la receta de su antecesor, sino que su postura es ambigua, por decir lo menos, dejando entrever una falta de determinación y compromiso con la transparencia. Su ministro Juan Santos no cayó a causa de una investigación judicial o por decisión del presidente, sino por un hecho fortuito. Los subalternos de Santos, al sentirse mal retribuidos por su papel de testaferros y recaudadores de “coimas millonarias”, desataron una pelea pública acusando a su jefe de ser “demasiado ambicioso”.

La participación de altos cargos se puede ilustrar con un video que circula en las redes. Se trata de un grupo de policías reunidos con sus superiores. Mientras la cámara infiltrada graba solo las botas y los pies de los presentes, como dando a entender que no hacen falta rostros, el micrófono registra la queja de uno de ellos: “Si no hubiera ‘renta’ que entregar, no habría problemas, mi suboficial (…) No es mi obligación dar dinero, juntar dinero para alguien y, aparte, después que se laven las manos”, dice con firmeza y hartazgo.

En estas circunstancias, sabiendo que la corrupción está instalada en la punta de la pirámide del poder político, existe una oportunidad valiosa para contrarrestar esta enfermedad. Robert Klitgaard planteó la siguiente estrategia: “Freír unos cuantos peces grandes”; es decir, investigar y enjuiciar a algunos políticos de la cúpula. Sin embargo, razona este autor, los primeros en caer tienen que ser del partido gobernante, ya que a menudo las campañas anticorrupción suelen instrumentalizarse para perseguir penalmente a la oposición.

Aunque los subalternos de Juan Santos no son unos angelitos, parece que sin querer encontraron una manera eficaz de freír desde abajo a los corruptos de arriba. Al final de cuentas, demostraron que unos subalternos pudieron más que la justicia vendida al mejor postor, las inútiles unidades de transparencia o la dirigencia de la “reserva moral” para encerrar tras las rejas nada menos que a un ministro de Estado.

En definitiva, los proyectos económicos, más allá de fallas de diseño, estarían mucho mejor si extirpamos la corrupción que prolifera bajo la protección de la sombra del poder.

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