28 de agosto (Urgente.bo).- Un policía de Inteligencia que formó parte del equipo que capturó en Montero a su ex camarada, el feminicida de Betsabé Mara Alacia, atacó a su esposa a cinturonazos, a puñetes y a patadas causándole varias lesiones por las que un médico le otorgó siete días de impedimento.
El efectivo policial incluso la amenazó con que, si lo denunciaba, él mismo la acompañaría a hacerlo y le advirtió que después le haría un daño peor al que Boris Mina le hizo al Betsabé, el caso que recién había ayudado a esclarecer.
El ataque ocurrió la noche del 22 de agosto en una vivienda de Cochabamba. Según la denuncia, el suboficial mayor Johnny G.Ch. llamó a su esposa Lizeth (nombre ficticio) a su habitación donde le pregunto por las llaves.
Tras no lograr una respuesta satisfactoria, el policía reaccionó violentamente y procedió a ofenderla con palabras soeces, luego se sacó su cinturón para azotarla en todo el cuerpo. La ira solo fue creciendo y el policía tomó de los cabellos a la madre de su hija y la golpeó en la cabeza y en el rostro con sus puños.
Según el relato de la víctima, luego la arrojó sobre su cama y le apretujó el cuello amenazándola con matarla. Ella logró zafarse y correr hacia la cocina pidiendo auxilio. Él fue tras ella y le lanzó varios platos, rompió una puerta de vidrio con un puñetazo, la alcanzó y la pateó en los pies.
“M…. yo te voy a enseñar a respetar, si me vas a denunciar, vamos de una vez, pero si te advierto que del caso de Betsabé que hemos esclarecido, peor te voy a hacer a vos”, fueron las amenazas vertidas por el policía, según la denunciante.
La brutal golpiza fue propinada en presencia de la hija de la pareja, quien no pudo reaccionar por la el susto.
Lizeth se sometió a una revisión médica forense que constató la existencia de policontusiones, equimosis por los cinturonazos y hematomas en todo el cuerpo. Esta no fue la primera golpiza. En una anterior oportunidad, las agresiones le causaron la ruptura de los ligamentos de la pierna derecha. A raíz de lo ocurrido el efectivo policial la obligó a mentir, explicando al médico que se había caído.
Durant
La denuncia ha sido formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCC) y la Fiscalía. El suboficial no se presentó a declarar ante el Ministerio Público y se desconoce su paradero, por lo que ya se emitió una orden de aprehensión en su contra.
Entre tanto, la familia de Lizeth teme que ella se amenazada y obligada a desistir de la denuncia en algún momento, por miedo. Por ello, pidió que el Ministerio Público continúe el proceso de oficio, para prevenir un feminicidio.
La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, dijo que el temor de la familia de Lizeth tiene sentido porque los familiares de una sobreviviente de violencia pueden efectuar una denuncia contra el agresor, pero no pueden constituirse en parte acusadora durante el proceso, ya que tiene que hacerlo la misma víctima.
“Esto nos llena de pena y frustración porque, a veces, las víctimas desarrollan el síndrome de la mujer maltratada y por miedo, amenazas o por dependencia emocional extrema del agresor, terminan desistiendo de la denuncia. Y, más adelante pueden convertirse en un número más de la lista de feminicidios, lo cual queremos evitar”, explicó.
Otro abogado del Observatorio de Justicia, Marcelo Sánchez, dijo que la familia de Lizeth ha solicitado el apoyo legal de la institución, pero es la víctima la única que puede constituirse en parte, de acuerdo a la norma. La familia solamente puede convertirse en parte cuando la víctima ha sido víctima de feminicidio.
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