En una anotación del mes de julio hablábamos sobre la narrativa del golpe de Estado; referíamos de qué manera, aquella gran pirámide blanca llamada “Ministerio de la verdad”, presentada por George Orwell en 1984, parecía materializarse en nuestra realidad. Pues bien, todas las acciones emprendidas desde el Ejecutivo, dirigidas a imponer su verdad, concluyeron en un espectáculo digno de la más creativa literatura distópica.
De un lado, la Procuraduría General del Estado, concluyó que su estudio de cinco días, probó la inexistencia del fraude electoral de 2019; para llegar a esa conclusión, se valió de la revisión de actas, por parte de un grupo de estudiantes, que hoy, tendría mayor valor frente al informe emitido por la misión de la OEA, y podría ser utilizado como prueba dentro de procesos judiciales.
Del otro lado, la Sentencia Constitucional N° 052/2021 pretende ser utilizada como evidencia de la existencia del golpe de Estado, no obstante, dicha resolución, no expresa razonamiento al respecto.
Evidentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se manifiesta a través de sus resoluciones, y hasta el día de hoy, no existe una que establezca la existencia de un golpe de Estado. Por otro lado, como cualquier institución, también se pronuncia a través de comunicados, tal como sucedió el 12 de noviembre de 2019, cuando se avaló la sucesión de Jeanine Añez en el marco de la Declaración Constitucional 0003/01; lo cierto es que, los razonamientos de aquel comunicado, no guardan relación con los fundamentos jurídicos del fallo contenidos en la Sentencia Constitucional N° 052/2021.
Difícilmente, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, desvirtuarán aquel comunicado, lo cierto es que se han mantenido cautos al respecto, limitando su participación dentro de las investigaciones a la remisión de la información solicitada por el Ministerio Público.
El gobierno nacional pretende cerrar el debate y declararse victorioso para poder encarar los procesos judiciales en contra de los supuestos autores del golpe de Estado, y es precisamente eso, lo que deberá observarse en el marco del debido proceso, y en la manera en la que se obtuvieron las pruebas que sustentarán su teoría del caso.
Hace un par de días, el 18 de octubre de los corrientes, el Secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, cursó una nota dirigida al Embajador permanente de Bolivia ante ese organismo, la nota señala: “Al amparo de los principios de transparencia e idoneidad, reitero que el cúmulo de situaciones, irregularidades y manipulaciones ocurridas, abonaron a un proceso electoral que perdió toda integridad y que es imposible de reconstruir. Tomando eso en consideración, para la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA las elecciones de Bolivia de 2019, como se ha dicho anteriormente, son un tema cerrado”. (sic)
En un país que, cada día, se torna más inviable, debiéramos cerrar el asunto, al menos, el falso debate en torno a los hechos; de nada sirve seguir el juego de imposturas planteado desde el gobierno, de nada sirve continuar un tira y afloja que, ahora parece trasladarse al ámbito judicial.
Lo cierto es que serán los abogados de las partes involucradas quienes deberán agotar los recursos para evitar posibles vulneraciones al debido proceso, y aunque, el pronóstico no sea el mejor, por encima de las instancias nacionales, quedan las supranacionales para resguardar y reivindicar los derechos de las personas procesadas.
Desde este espacio es la última vez que nos referiremos sobre el tema, consideramos, que todos los eventos que sucedieron a las elecciones de octubre de 2019, le hicieron mucho daño al país y a su frágil democracia, es momento de abandonar una arena manchada por acciones inescrupulosas y concentrar los esfuerzos en temas y materias de mayor interés.
///
.jpg)
