¿Por qué los bolivianos ya no reaccionan cuando su propio gobierno les anuncia que violará la ley? La respuesta está en una sola palabra: educación.
Desde hace un tiempo no determinado, la violación a la norma ha dejado de ser un hecho poco habitual y se ha convertido en rutinaria, tanto que ya es cosa de todos los días.
Desde el conductor de automóvil que se estaciona indolentemente en lugar prohibido hasta la autoridad que pide un porcentaje de un contrato de sumas altas, ya nada parece sorprendernos, ni siquiera la comisión de delitos.
Y, según se pudo ver al inicio de las inscripciones escolares, todo comienza en la casa y prosigue en la escuela.
Veamos: educación es acción y efecto de educar y educar es “dirigir, encaminar, doctrinar”. ¿Cómo podemos educar a un niño, que apenas está comenzando su vida, si le mostramos malos ejemplos?
En el caso de las inscripciones escolares, el Ministerio de Educación publicó en todos los periódicos de Bolivia las instrucciones para tal fin. Una de ellas establecía con claridad que las filas estaban prohibidas pero estas aparecieron como hongos en las puertas de las unidades educativas.
Pedir que la gente que tiene un objetivo no haga fila es poco menos que imposible. En su afán de conseguirlo, intentará ganar ventaja y ahí es donde surgen tanto los problemas como las violaciones a la norma.
Hace mucho que surgieron en el país los vendedores de puestos, aquellos que hacen fila para luego negociar el espacio conseguido. Eso se vio con mayor claridad en las inscripciones de este año.
Pero la mayor vulneración a la norma está en la información inexacta que muchos padres de familia proporcionan a las unidades educativas en las que inscriben a sus hijos.
Desde septiembre de 2006 se ha puesto en vigencia el Registro Único de Estudiantes (RUDE) que, al tener base en una Resolución Ministerial, la 311/2006 del Ministerio de Educación, se convierte en un documento oficial del Estado boliviano. Uno de los datos que se incluyen en el formulario es la dirección actual del estudiante. En su afán de inscribir a sus hijos en unidades educativas del centro citadino, muchos padres de familia falsean ese dato porque proporcionan otra dirección, una que ubican en las proximidades del establecimiento y, para probarlo, presentan facturas de otras personas. ¿Y por qué en el centro? Porque la mayoría de las ciudades pequeñas tiene en esa parte a las escuelas y colegios “tradicionales”, a los más antiguos, a aquellos cuya educación se cree que es diferenciada. El Ministerio de Educación instruye inscribir a los hijos en establecimientos próximos a sus domicilios pero, sin importar cuán lejos vivan, los padres quieren registrarlos en los del centro. Para lograrlo, optan por mentir, por falsear datos.
Eso que parece picardía criolla no es otra cosa que falsedad ideológica, tipificada como delito en el artículo 199 del Código Penal y sancionado con uno a seis años de cárcel.
¿Cómo pretendemos educar a nuestros hijos si, en el inicio de su vida escolar, los inscribimos violando las leyes? ¿Le estaremos dando un buen ejemplo al vulnerar más de una norma e incluso cometer algún delito? Un detalle que muchos padres no parecen tomar en cuenta es que el RUDE es un documento oficial, algo así como el padrón electoral pero para estudiantes. Lo que menos se debe hacer es falsearlo.
Pero los padres lo hacen, incluso a título de “costumbre”. Si ellos son los primeros en violar la ley, ¿con qué moral criticarán las acciones ilegales de sus gobernantes?
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
