Las elecciones judiciales en Bolivia, programadas para el 15 de diciembre de 2024, se desarrollarán en un ambiente de incertidumbre y falta de información adecuada, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia de los resultados en un sector tan crucial para el país. Esta situación plantea -además- serias dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y su capacidad para abordar la crisis judicial.
Originalmente estas elecciones estaban fijadas para el 1 de diciembre; pero fueron postergadas debido a las dificultades políticas y sociales. Las protestas y bloqueos organizados por el ex presidente Evo Morales Ayma, afectaron no sólo a la sociedad en su conjunto, sino también a la organización del proceso electoral, incluyendo la capacitación y sorteo de jurados electorales.
Adicionalmente, se determinó que las elecciones se realicen de manera parcial, es decir que no se elijan a todos los magistrados de las altas cortes, sino sólo algunos, específicamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Una verdadera confusión para el común denominador de la población.
Más de 7,3 millones de ciudadanos habilitados en el Padrón Electoral deben participar recibiendo dos papeletas de sufragio para emitir hasta cinco votos. Cada votante recibirá una papeleta para la elección de autoridades en circunscripción nacional y otra para la circunscripción departamental.
En la papeleta nacional se encontrarán las candidaturas para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura (dos votos), mientras que en la papeleta departamental habrá tres franjas: las superiores corresponderán a las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, donde se deberá marcar un voto para una candidata mujer y otro para un candidato hombre; en la tercera franja se encontrarán las candidaturas al Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se emitirá un voto por la opción preferida. Totalizando de esa manera cinco votos.
Con los datos mencionados anteriormente caben las siguientes preguntas ¿se dio la debida información a la población? ¿Existieron campañas masivas para que los habitantes de Bolivia acudan a las urnas? Las respuestas -por supuesto- son negativas y aunque existan debates o presentación de candidatos en algunos programas radiales o televisivos, todo dato percibido por la población seguirá siendo escaso.
En ese contexto preocupa la participación así como la decisión de jóvenes y habitantes de áreas rurales que serán decisivas en estas elecciones, ya que estos sectores representan una porción significativa del electorado. Intranquiliza la falta de datos sobre los candidatos, su trayectoria y sus propuestas y esa desinformación podría llevar a decisiones basadas en el desconocimiento, afectando la calidad de las autoridades elegidas y manteniendo la desconfianza en la aplicación de justicia.
El actual sistema permitió al partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) mantener un control significativo sobre el poder judicial, lo que genera percepciones de que las elecciones son un mecanismo para perpetuar el poder político más que un ejercicio democrático. La preselección de candidatos, también dominada por el MAS, fue criticada por limitar la diversidad y competencia entre aspirantes.
La elección de magistrados en Bolivia es un proceso clave para asegurar un sistema judicial más justo y accesible. Por esta razón, es esencial que los ciudadanos conozcan a los candidatos y sus planes, promoviendo una participación informada y responsable en estas elecciones. A pesar de ello, el tiempo apremia y la prioridad de gran parte de la población sigue siendo alcanzar una justicia que realmente funcione en el país.
Estas serán las terceras elecciones judiciales en Bolivia, tras las realizadas en 2011 y 2017. En elecciones anteriores, se registró un alto porcentaje de votos nulos y blancos. Ojalá, esta vez, el proceso sea el punto de partida para construir un sistema judicial confiable y accesible. La esperanza es lo último que se pierde.
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