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La Paz, 2 de enero (El Compadre).- El año que se fue se caracterizó, a nivel de protestas sociales, por un peligroso extremo: la toma de rehenes de autoridades del Ejecutivo y altos mandos policiales, como medida para presionar al Gobierno a la atención inmediata de demandas específicas. Uno de esos casos acabó con el asesinato del Viceminsitro Rodolfo Illanes.  Es preciso, aseguran autoridades consultadas, crear redes de monitoreo y prevención de conflictos, además de sanciones, para evitar hechos como este.

El pasado 17 de noviembre,  dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto retuvieron al viceministro de agua Rubén Méndez y al, en ese entonces, al gerente de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Roberto Rojas para que se presentara un informe sobre un proyecto hídrico y el abastecimiento de agua.

Situación similar pasó el 25 de diciembre, cuando el viceministro de Régimen Interior Pedro Villa acudió a la localidad de Entre Ríos para tratar de persuadir a los bloqueadores de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, para que levanten su medida. Sin embargo, fue secuestrado junto con ocho coroneles departamentales de la Policía, por 400 personas que, lo dijo él, pedían su cabeza.

Su antecesor, no tuvo tanta suerte. El 10 de agosto, cooperativistas mineros tomaron como rehenes a 47 policías cuando éstos intentaban desbloquear la carretera La Paz- Oruro, en Mantecani.

En ese entonces los cooperativistas aseguraron que liberarían a los policías a cambio de que 86 mineros dejen de estar detenidos, sin embargo el problema continuó y el 25 de agosto, el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes fue al lugar para dialogar, pero al no llegar a un acuerdo los mineros lo secuestraron y lo mataron.

La diputada opositora Norma Piérola critica que en este dramático caso, cuatro meses después,  aún no se esclareció lo sucedido. “Han perdido el respeto a la Policía, a los administradores de justicia y en este caso, a las autoridades del órgano Ejecutivo. El Gobierno está perdiendo demasiada credibilidad, va a llegar un momento en el que se va a crear un caos donde no se va respetar absolutamente a nadie”, dice a tiempo de sugerir que la justicia debería ser dura contra quienes perpetran esta clase de delitos.

Otro hecho que marcó la agenda ocurrió el 20 de mayo, cuando  el subgobernador de Tarija, Marcial Renfijo, fue secuestrado por comunarios de la región.

Para el Comandante de la Policía, René Salazar, estos riesgos son parte de su trabajo y el Ministro de Gobierno dijo hace unos días que se interpondrá de oficio un pedido de investigación para dar con los responsables del secuestro del Viceministro Villa. “Nosotros hemos calificado como un hecho grave de secuestro a una autoridad de Estado... Si no hay una acción de justicia contra quienes dirigen estos hechos (secuestro) no vemos que haya realmente garantías para viabilizar escenarios de diálogo ante conflictos sociales de esta naturaleza”, advirtió Romero, quien advirtió con acciones penales, como la que interpusieron en días pasados, para esclarecer el secuestro de Villa.

Para el Defensor del Pueblo, es preciso generar una cultura de paz y esto será posible, asegura, a largo plazo, creando redes de prevención de conflictos. “No podemos permitir que estos actos se tornen como algo recurrente”, reflexionó, a tiempo de sugerir que se cree una red de prevención y gestión de conflictos interinstitucional.

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