La democracia es “[…] un régimen ampliamente legitimado que satisface por completo a los ciudadanos; donde los ciudadanos, las asociaciones y las comunidades que la integran gozan de libertad e igualdad, incluso en formas y grados distintos, y donde los ciudadanos tienen el poder de verificar y evaluar en qué medida el gobierno se atiene a los objetivos de libertad e igualdad de acuerdo con el Estado (Morlino, concepto de buena democracia).
Leonardo Morlino (2009) continúa afirmando que “Un análisis de la calidad de una democracia, es decir, una comprobación empírica de cuán "buena" es una democracia, no sólo exige una cierta definición de esta forma de gobierno, sino también una clara noción de calidad. La definición mínima de democracia sugiere que este régimen tiene por lo menos: el sufragio universal para adultos; elecciones periódicas libres, competitivas y justas, más de un partido político, y más de una fuente de información. Entre los países que cumplen estos criterios de procedimiento mínimo, un mayor análisis empírico es necesario para detectar el grado en que han logrado los dos objetivos principales de una democracia ideal: la libertad y la igualdad” y que una democracia de calidad es: “Aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos”.
Detengámonos aquí. ¿Cuál es esa estructura institucional con instituciones y mecanismos que hará posible la protección, defensa y tutela de la libertad e igualdad de los ciudadanos? Esencialmente el sistema de justicia. ¿Puede una democracia llamarse tal si su sistema de justicia actúa de manera ineficiente en la tutela de los derechos ciudadanos? ¿Un Estado es democrático si los elementos vinculados al sistema de justicia no funcionan?
En Bolivia, la tasa de personas que sufren detención preventiva en el país sobrepasa el 70%, lo decía un informe del Defensor del Pueblo del año 2022 que de cada 10 personas privadas de libertad, 6,7 se encuentran en condición de detenidas preventivas. La utilización indiscriminada y cotidiana de la detención preventiva como medida fácil frente a las graves deficiencias investigativas, es de responsabilidad del sistema jurisdiccional, cuyos representantes –los jueces- parecen olvidar su función esencial de contralores de la legalidad y se convierten en meros ratificadores de las solicitudes de los fiscales.
Al respecto del acceso a justicia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos SIDH, ha establecido la obligación de remover aquellos obstáculos en el acceso a la justicia que tengan origen en la posición económica de las personas, por lo que tanto la Corte Interamericana como la Comisión, han fijado la obligación de proveer en ciertas circunstancias servicios jurídicos gratuitos a las personas sin recursos, a fin de evitar la vulneración de su derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva, a saber: a) la disponibilidad de recursos por parte de la persona afectada; b) la complejidad de las cuestiones involucradas en el caso y c) la importancia de los derechos afectados.
Del mismo modo, el SIDH ha establecido que los costos del proceso, sea éste judicial o administrativo, y la localización de los tribunales, son factores que también pueden redundar en la imposibilidad de acceder a la justicia y en la consecuente violación del derecho a las garantías judiciales. En este caso concreto, en Bolivia los costos del proceso recaen sobre las partes, sin contar los costos de la corrupción que son un secreto a voces. Otro gran problema es la escasa existencia de tribunales y su ubicación alejada de espacios territoriales rurales.
Si ingresamos a analizar el tema del plazo razonable en materia de duración de los procesos judiciales, en Bolivia tenemos serias deficiencias, otra vez la retardación de justicia es un problema latente del sistema.
En consecuencia, a 40 años de la recuperación de la democracia, ¿podemos ahora, afirmar que vivimos en una real democracia, en una democracia de calidad, cuando tenemos un sistema judicial con índices alarmantes de retardación, detención preventiva, corrupción, inacceso ciudadano, ausencia de carrera e independencia judicial, entro otros grandes problemas?
KATHIA SAUCEDO PAZ ES ABOGADA Y JURISTA INDEPENDIENTE
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