La Paz, 20 de diciembre (Urgentebo.com).- El periódico estadounidense El Nuevo Herald publicó este martes una amplia nota en la que da a conocer que Estados Unidos se ha convertido en un refugio de políticos y empresarios acusados de corrupción. Dicho artículo menciona al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien vive en una casa valuada en $us 1,4 millones.
“El vive ahora en una casa de ladrillo de dos pisos que fue adquirida por $1.4 millones por Macalester Limited, una compañía de responsabilidad limitada que se formó en las Islas Vírgenes Británicas, y cuya dirección postal principal es un apartado de correos en las Bahamas”, dice el artículo publicado por El Nuevo Herald.
Del mismo modo informa su colaborador estrecho y exministro de Defensa, el abogado Carlos Sánchez Berzaín, es parte de un negocio inmobiliario que maneja aproximadamente 9 millones de dólares.
“Sospechosos de corrupción en Latinoamérica se refugian en el sur de la Florida”, es el título de la amplia nota que publicó la edición digital del periódico que circula en Miami.
“Estados Unidos se ha convertido en un refugio seguro para políticos y hombres de negocios adinerados sospechosos de corrupción en sus países de origen. Aquí su fortuna e influencia los protege de ser arrestados. Entran a este país con toda una variedad de visas, incluyendo una diseñada para estimular la inversión. Algunos han solicitado asilo, un recurso destinado a proteger a las personas que huyen de la opresión y la persecución política”, señala el encabezado de dicho trabajo realizado bajo el proyecto de Propublica, una iniciativa de periodismo de investigación.
Los dos bolivianos
En el artículo se menciona que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a Estados Unidos, donde residen hasta el momento y da a conocer que dichas exautoridades son acusadas en Bolivia por apropiación de recursos del Estado.
Esta es la parte de la corresponde a los dos bolivianos que viven actualmente en Estados Unidos.
“En el 2006, Sánchez Berzain solicitó asilo político, el cual recibió en el 2007. En su solicitud, donde el formulario le preguntaba: “¿Ha sido usted o algún miembro de su familia acusado, encausado, arrestado, detenido, interrogado, hallado culpable y sentenciado, o preso en algún país que no sea Estados Unidos?”, Sánchez Berzain marcó la casilla que indicaba “no”, aun cuando en ese momento tanto él como Sánchez de Lozada habían sido acusados formalmente de genocidio por la Fiscalía General de Bolivia. El encausamiento fue aprobado por la Corte Suprema de Bolivia en el 2007. Asimismo, Sánchez Berzain afirmó en su solicitud que el Departamento de Estado había hecho los arreglos para su viaje a Estados Unidos.
La administración de Sánchez de Lozada se había manifestado expresamente a favor de EEUU. Antes de que él fuera depuesto, funcionarios de la misma habían anunciado que facilitarían las exportaciones de gasolina a Estados Unidos.
Después de su partida, el fiscal general de Bolivia declaró públicamente que la administración había sustraído de forma ilegal millones de las arcas del gobierno, pero no presentó cargos formales. El dijo que Sánchez de Lozada había sacado alrededor de $22 millones de los fondos reservados del país antes de darse a la fuga.
Tanto Sánchez de Lozada como otros miembros de su administración han restado importancia a dichas alegaciones, calificándolas de ser parte de una campaña de difamación impulsada por motivaciones políticas, pero existen pruebas que sugieren que pudo haber habido irregularidades en el manejo de los fondos reservados. El ex presidente firmó un decreto poco antes de dejar su cargo, autorizando a los ministros del interior y de defensa a retirar dinero de los fondos reservados de Bolivia sin tener que pasar por el proceso normal de aprobación. El ex ministro del Interior del gobierno de Sánchez de Lozada se declaró culpable en el 2004 de peculado luego que se encontraran $270,000 en efectivo en casa de un asociado suyo.
Sánchez de Lozada, quien era un magnate minero antes de ascender a la presidencia, se fue a vivir a Chevy Chase, Maryland, un elegante suburbio de Washington, D.C. El vive ahora en una casa de ladrillo de dos pisos que fue adquirida por $1.4 millones por Macalester Limited, una compañía de responsabilidad limitada que se formó en las Islas Vírgenes Británicas, y cuya dirección postal principal es un apartado de correos en las Bahamas.
El estatus de inmigración de Sánchez de Lozada no está claro. El dijo en una deposición jurada en el 2015 que él no era ciudadano estadounidense. Su yerno, quien habló con ProPublica a nombre suyo, no quiso decir si Sánchez de Lozada había solicitado asilo.
Sánchez Berzain, entretanto, se estableció en el sur de la Florida. Documentos muestran que él y su cuñado son personalmente propietarios, o están listados como directivos o miembros de entidades de negocios que controlan conjuntamente propiedades inmobiliarias en Miami por un valor de unos $9 millones.
Durante una entrevista llevada a cabo en enero, Sánchez Berzain dijo a ProPublica que no tenía compañías. Al preguntársele sobre varias de las compañías asociadas con su nombre o dirección postal en los archivos públicos, el ex ministro de Defensa dijo que él tenía una firma de consultoría que ayudaba a sus clientes a establecer compañías, y que a veces ellos añadían su nombre a la junta directiva de las mismas. Todos los esfuerzos hechos por contactar al cuñado de Sánchez Berzain, próspero empresario y dueño de una compañía de buses en Bolivia, fueron infructuosos. El cuñado de Sánchez Berzain no ha sido acusado de conducta impropia alguna.
La práctica de comprar propiedades inmobiliarias a nombre de una entidad de negocios como una compañía de responsabilidad limitada (LLC), es una práctica legal y común en los mercados de bienes raíces de lujo; la misma permite a celebridades y otros individuos acaudalados proteger su privacidad.
Pero dicha práctica permite asimismo a funcionarios extranjeros ocultar dinero obtenido de forma ilícita. Las regulaciones de EEUU permiten a individuos formar entidades de negocios de tipo LLC sin revelar la identidad del dueño beneficiario. Las LLC pueden ser registradas a nombre de abogados, contadores u otros asociados –o incluso de forma anónima en algunos estados– y usadas para comprar propiedades inmobiliarias, lo cual hace casi imposible determinar quién es el verdadero dueño de una propiedad.
En mayo, el Departamento del Tesoro estableció una nueva regulación que entrará en vigor plenamente en el 2018, y la cual requerirá de las instituciones financieras que identifiquen a los dueños beneficiarios de compañías fachada. Algunos activistas consideran que esta regulación es un paso de retroceso. La nueva regulación permite a compañías fachada que designen al gerente de la cuenta como dueño beneficiario, y ocultar de este modo la identidad de la persona que controla a la misma en última instancia.
