22 de febrero (Urgente.bo).- “Quieren que la ciudad se caiga [...] quieren muertos”. Con esas palabras,  el alcalde de La Paz, Iván Arias, atacó a los concejales de oposición y a dos “traidores” de su organización por la orden judicial que recibió para destituir a cinco funcionarios municipales.  Lo que ocurrió aunque instantes después fueron designados en sus mismos cargos.

En una conferencia de prensa, el alcalde paceño acuso a opositores y a dos concejales de su partido, entre ellos a la concejala Lourdes Chambilla, de buscar el perjuicio de la ciudad y de pedirle que aparte a sus “manos derechas” en estos momentos de crisis.

“En plena guerra me pide que saque a los ejércitos”, agregó Arias.

Por su parte, el concejal paceño Javier Escalier declaró a Urgente.bo que ellos no fijaron la fecha para destitución de los funcionarios y que antes de llegar a esta determinación judicial, las autoridades municipales fueron convocadas para brindar informes sobre temas de su gestión, lo que no ocurrió. Sus negativas a participar derivaron en un pedido de censura y destitución. Esta acción de cumplimiento cuya fecha fue establecida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.

“Es el resultado de la soberbia con que se maneja el alcalde al incumplir los plazos y la misma ley de Fiscalización”,  escribió.

Las au

oridades convocadas y sujetas a destitución eran José Carlos Campero, secretario ejecutivo municipal; Mónica Chuquimia Rivero, secretaria de desarrollo económico (actualmente ya no ejerce el cargo); Sergio Saavedra, intendente; José Eduardo Galindo, secretario de gestión ambiental; Enrique Villanueva, secretario de movilidad (ya no ejerce el cargo); Fausto Terrazas, subalcalde de Cotahuma; Grover Lazo Segurondo, subalcalde de Max Paredes y el subalcalde del Macrodistrito Centro.

En la misma conferencia de prensa, el alcalde paceño indicó que destituyo a los funcionarios censurados, pero, al mismo tiempo, ratificó su reincorporación al cargo.

“El alcalde dijo que no se puede quedar “con los brazos cortados”, pero al restituir a los ocho funcionarios queda mal parado”, declaró el concejal.

Según el artículo 25 de la ley de Fiscalización 499, se establece que los funcionarios censurados y que pierdan la confianza del Concejo Municipal no pueden ejercer los mimos cargos  o de similar jerarquía, porque si no se estaría incurriendo en “Desobediencia a Resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad” del Código Penal, lo cual tiene una sanción de dos a seis años de cárcel.

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