La Paz, 18 de julio (Jacqueline Maydana, Urgente.bo).- El oro es el principal producto de exportación de Bolivia, hecho que debería traducirse en importantes ingresos económicos para el Estado y para la mejora de la calidad de vida de los bolivianos, como efecto del pago de tributos. Pero no ocurre, porque miles y miles de dólares se quedan en manos de empresas extranjeras y personas particulares que no tributan o si lo hacen, apenas pagan ‘migajas’. La principal causa es que la explotación del metal dorado se hace entre la informalidad, la ilegalidad y la corrupción.

Las “sobras” que recibe Bolivia por el oro no compensa el alto precio que paga por la extracción: la contaminación de ríos y con él, el envenenamiento de pueblos indígenas; la tala de bosques, inundaciones en municipios alejados y otros, detalla la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena.

La explotación del oro en Bolivia ocurre especialmente en La Paz y las cooperativas mineras acaparan casi el 100% de la extracción. Los otros sectores, privados y estatales lo hacen en muy poco porcentaje. Las cooperativas mineras se organizan a través de federaciones, entre ellas la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman), la Federación Regional de Cooperativas Mineras (Ferreco) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fecomin).

CADA VEZ MÁS COOPERATIVAS

El número de las cooperativas en Bolivia se disparó con la vigencia de la nueva ley minera y por el aumento de la cotización internacional del oro. Por ejemplo, hace años, la onza del metal precioso tenía un precio de $us 400; ahora llega a los $us 2.156, expone el experto en minería, de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova.

De acuerdo  con los datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), el crecimiento de las cooperativas auríferas coincide con el inicio del proyecto del Movimiento Al Socialismo. En el periodo 1997 – 2005, el número de cooperativas subió de 816 a 893; mientras que del 2005 al 2018 se disparó de 911 a 2018 entidades que supuestamente no tienen fines de lucro. El 85% de estas cooperativas operan sin licencia ambiental y explotan el metal precioso en tierras indígenas y áreas protegidas.

Óscar Campanini, director del CEDIB, estima más de 2.000 cooperativas mineras en Bolivia y que de ese número, la mayor parte, alrededor de más de 1.600, son cooperativas auríferas, es decir, aquellas que se dedican a la extracción de oro, especialmente en los ríos. “Hay un crecimiento del número de cooperativas importantes respecto a hace 10 años”, expone.

El incremento exponencial de las cooperativas también dio lugar al crecimiento casi quintuplicado de la producción de oro boliviano, de 10 toneladas a 50. Además, las cooperativistas restaron protagonismo a los operadores privados y del propio estado. En el caso del oro, controlan el 99% de producción.

La producción del oro se incrementó también como efecto de la presencia de las cooperativas en la Amazonia boliviana, en el Precámbrico, explica Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

EN EL MUNDO ILEGAL

Córdova asegura que las cooperativas auríferas se han convertido en un monopolio que funciona en la ilegalidad. El primer aspecto para sostener esta afirmación es la exportación del metal precioso con un alto valor, pero con poca retribución para el país.

El oro es el principal producto que se exporta en Bolivia, por encima de cualquier otro producto, por encima del gas, soya y otros productos bolivianos. El metal precioso llega a India y a Emiratos Árabes, pero el Estado recibe migajas.

En 2022 se exportó legalmente 3.073 millones de dólares en oro, pero de esa gran cantidad, solo 63 millones se quedaron para las gobernaciones y municipios por concepto de regalías. Los restantes 3.010 millones de dólares se quedaron en los bolsillos de particulares, lamenta Córdova.

“Hay una suerte de ilegalidades en torno a la actividad minera y esto dificulta que se pueda dar una certificación de la debida diligencia o la trazabilidad de la exportación de oro. Eso precisamente impide al Banco Central que pueda comprar oro limpio, porque eso plantea la ley”, añade el expresidente sobre la norma para fortalecer las reservas internacionales con la compra del tema dorado.

Especialistas y autoridades no tienen datos precisos sobre el oro que sale de Bolivia de forma ilegal. Córdova dice que un dato cercano a la realidad es lo que dijo el exministro de Minería, Ramiro Villavicencio: anualmente, alrededor de 40 toneladas de oro salen de Bolivia por contrabando. Se estima que su valor en dinero alcanza a $us 2.500 millones, monto que termina en bolsillos ajenos.

Por su parte, la senadora Cecilia Requena estima que al menos el 50% del oro que se produce en Bolivia sale por contrabando, evadiendo los tributos al Estado. De acuerdo a la legisladora, la minería del oro es cuando menos clandestina porque se desconoce qué empresas o cooperativas mineras tienen derecho minero. Asimismo, añade que durante estos tres años y medio no se han aprobado contratos para este sector en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

APENAS REGALÍAS

La regalía es una compensación por la explotación de los recursos minerales. El 85% está destinado a los gobiernos departamentales y el 15% a las alcaldías municipales para proyectos de infraestructura, servicios públicos y otros. Sin embargo, las cooperativas pagan volúmenes bajos y en medios conceptos distorsionados.

Según la ley, el oro debería pagar la regalía más alta, de acuerdo con la cotización, pero la referencia es el 7% del valor generado. Y pese a esto, los cooperativistas retribuyen menos del 2%, que desde ya es una ilegalidad.

¿Por qué pagan menos? Córdova explica que la ley 535 dice que los operadores pequeños, que trabajen en yacimientos marginales y de forma artesanal, entregan una regalía del 2.5%. Y las cooperativas se acogen a ese concepto, a pesar de que operan con maquinaria pesada y exportan toneladas de oro.

Por otro lado, la norma establece que si una empresa u organización, con un proceso metalúrgico más avanzado, que genere empleo y otros beneficios locales, paga también una baja regalía. Entonces, la disposición es aprovechada por las grandes cooperativas. 

“De manera inescrupulosa, hay muchos operadores mineros que dicen ‘yo estoy haciendo esto para beneficiar a los joyeros y demás’ y de ese 2.5%, que ya es abusivo, solo llegan a pagar 1.5%”, indica Córdova. En suma, la regalía real que pagan los operadores de oro en Bolivia no llega ni al 2%.

Zaconeta explica que estas bajísimas regalías no benefician a las comunidades que quedan afectadas por las operaciones mineras. Y precisamente por ello, algunas pactan con empresas extranjeras o cooperativas para permitir operaciones ilegales, a cambio de un porcentaje de dinero.  “Esto es ilegal, pero hace entender que la actual normativa de distribución de la regalía no es la correcta o la mejor para que haya beneficiados”, asegura el experto.

Y ¿por qué se les permite? Los cooperativistas mineros se agarran de los “derechos preconstituidos” para ciertos “beneficios”. Estos “derechos” están vigentes antes de la promulgación de la Carta Magna y de la creación de las áreas protegidas. Y, además, sus dirigentes buscan una relación política con los gobiernos de turno.

Los “derechos preconstituidos” han permitido la construcción de una serie de normas con grandes excepciones para el sector. “Tienen, en algunos casos, flexibilidades para cumplir ciertas disposiciones normativas por ejemplo en las regalías. Es decir, se trata de un conjunto de excepciones que le permiten no cumplir con la ley”, expone Campanini.

NO PAGAN IMPUESTOS

Los cooperativistas mineros no pagan impuestos, aseguran los expertos. “El oro está bajo un monopolio de las cooperativas mineras y las cooperativas mineras se encuentran exentas del pago de impuestos”, asegura Zaconeta.

En 2021, las cooperativas mineras pagaron solo el 0,4% de los impuestos por todas las exportaciones de oro en Bolivia. En La Paz, ese mismo año, dichas asociaciones pagaron 288.000 dólares en impuestos, un monto muy bajo en comparación con lo exportado: 2.334 millones de dólares.

Mientras las cooperativas en Beni y en Pando no pagaron ni un centavo de impuestos, pese a que exportaron 550 millones de dólares y 20 millones de dólares respectivamente. “Definitivamente, las cooperativas no pagan impuestos. Las cooperativas no cumplen con la normativa porque se acogen a ciertas excepciones, puesto que supuestamente tiene un fin social, es de alguna manera un tipo de ilegalidad”, indica Campanini.

Por un concepto de igualdad, todas las cooperativas deberían pagar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Además, la norma impositiva establece un valor extra, una alícuota al IUE para las actividades mineras porque son rentables. Sin embargo, al margen de que no pagan los anteriores tributos, están libres de esa alícuota extra del IUE, según la ley 843.

En 2022, en el contexto de un conflicto social, las cooperativas mineras plantearon un tributo especial del oro, de 4.8%, pero es contrario a la ley tributaria, porque, al tratarse de un precio altísimo en ganancias, se debería tributar 37.5%. “Si estás exportando casi 3.000 millones de dólares y se aplica este 4.8% lo que el Estado podría percibir son casi 240 millones de dólares, una cifra muy reducida en comparación de las utilidades que se van generando”, detalla Zaconeta.

“Hay una suerte de ilegalidades en torno a la actividad minera y esto dificulta a la debida diligencia o la trazabilidad de la exportación de oro. Lo que impide al Banco Central de Bolivia (BCB) que pueda comprar oro limpio, porque eso plantea la ley”, agrega.

¿SE PUEDE REVERTIR?

Los expertos coinciden en que este fenómeno en Bolivia ocurre por la falta de una política integral, es decir, nuevas leyes que permitan la fiscalización de estas operaciones. La senadora Requena menciona que se necesita un régimen minero, que vele por derechos laborales, que no contamine el agua y que los beneficios del oro sean para todos, empezando por el Estado.

Campanini coincide, menciona que el propio Estado que debe regular al sector minero y coordinar con el Ministerio de Minería en articulación con el Ministerio de Medio Ambiente y la AJAM para la otorgación de permisos y fiscalizar las operaciones concedidas.

Además, es imprescindible regular la venta del mineral y el pago de regalías, cuyo encargado es el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). También hace falta coordinar con Impuestos Internos.

Aliados con extranjeros, otra ilegalidad

La ley prohíbe la asociación de las cooperativas con empresas privadas, pero ocurre lo contrario. El especialista Héctor Córdova indica que empresas extranjeras, entre chinas, peruanas, brasileñas, chilenas y colombianas invaden el territorio nacional operando en áreas que son de cooperativas, debido a que éstas se asocian con aquellas

Esta “alianza” funciona así: las cooperativas mineras, para viabilizar sus operaciones, recurren a asociaciones con capitales privados. Estas extranjeras invierten con la condición de llevarse hasta el 80% de las utilidades. 

“Hay una suma de ilegalidades que se dan en las operaciones mineras, incluso en las que tienen sus papeles al día, como cooperativas con el derecho de las áreas mineras, pero al asociarse infringen la norma y caen en la ilegalidad”, añade Zaconeta.

Campanini sostiene que incluso las empresas extranjeras tramitan derechos mineros a nombre de cooperativas. Funcionan casi como compañías, con maquinarias, grandes ganancias y personal; pero siguen como cooperativas porque la normativa es flexible para ellos.

Entre otras ilegalidades, los expertos mencionan que las operaciones mineras se realizan sin contratos aprobados en las instancias del Estado. Una mayoría no cuenta con licencia ambiental.

“Estamos frente a un panorama desolador de la explotación aurífera porque estamos mayormente en el terreno ilegal. Se ve que contratan obreros, es ilegal, no pagan la regalía correcta es ilegal, se asocian con empresa privadas, es ilegal; casi toda la minería nueva, en ese sentido es ilegal”, dice Córdova.

En esa línea se suma la corrupción. Para que un minero opere debe tener permiso de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y validado por la ALP, pero dichos filtros no se cumplen por un poco de dinero.

Además, los cooperativistas incumplen la normativa laboral. Todos los trabajadores deben tener un contrato con beneficios, pero hay una excepción para el sector minero, porque supuestamente no cuentan con recursos humanos, “todos son socios”. Hecho que es contrario a lo que ocurre actualmente, explica Campanini.

El contrabando del oro, de la misma manera, se ha hecho evidente. El metal precioso se traslada a países vecinos a través de caminos desconocidos. El otro fenómeno es el contrabando interno entre un departamento y otro. El metal que se produce en La Paz, se declara producido en Beni, para evadir regalías a municipios. 

La contaminación, la factura más cara

Mientras más dinero deja la explotación del oro en Bolivia, más contaminación contra la naturaleza produce. Las operaciones se realizan con mercurio, una sustancia que se adhiere al metal precioso y facilita su separación de otros materiales. Pero esta sustancia es peligrosa, contamina a ríos y enferma a comunidades indígenas enteras.

La periodista Jimena Mercado expone que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo permitido de mercurio en el cuerpo es de 1 ppm (parte por millón), pero en San José de Uchupiamonas, La Paz, este límite sobrepasó por mucho.

“La contaminación de los suelos, desplazamiento de los pueblos indígenas de sus propios territorios son otros impactos severos. Además, otro impacto es la inseguridad de estos pueblos, se han instalado grupos armados”, expone la periodista.

Además, los cooperativistas mineros irrumpen en áreas protegidas, como el parque Madidi, La Paz, y otros, apoyados en sus “derechos preconstituidos”. Según Mercado, hay contradicciones al respecto, tanto de parte del Ministerio de Minería y de otras instancias, pues no está claro el alcance de estos “derechos”.

Además, la expansión de las cooperativas mineras aumentó la explotación sexual de menores. Las víctimas son niñas y adolescentes contactadas con engaños, relata la investigadora.

///