En las últimas décadas, gobiernos con tendencias autocráticas, en países con instituciones debilitados, han implementado un modelo de instrumentación del sistema judicial para perseguir, hostigar y neutralizar a sus adversarios. Este mecanismo, conocido como "lawfare" o guerra jurídica, opera en distintos niveles y puede alcanzar a líderes políticos y sociales, empresarios y periodistas críticos, que son acusados y enjuiciados por delitos de corrupción, terrorismo, sedición o traición a la patria.
El lawfare es una estrategia de sostenimiento del poder que busca debilitar el pluralismo político y neutralizar o eliminar adversarios sin recurrir a la violencia armada. Utilizando procedimientos jurídicos, este ignominioso instrumento crea una sensación de legalidad para justificar la persecución política y, al mismo tiempo, genera miedo y autocensura en la población, comprometiendo gravemente la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, dañando la estabilidad institucional y la cohesión social.
Una de las prácticas más viles de la guerra jurídica consiste en mantener a los opositores encarcelados, sin pruebas concluyentes ni juicios justos, vulnerando el principio de presunción de inocencia y convirtiendo la prisión en una forma de castigo anticipado, sometiéndolos a aislamiento prolongado, tratos degradantes y presiones inhumanas para obtener confesiones forzadas y sentencias condenatorias basadas en juicios con pruebas fabricadas, jueces presionados o cooptados, y procesos amañados.
La estrategia no solo utiliza el sistema jurídico, también se fortalece con campañas de desinformación y acciones sostenidas desde las fiscalías, el Ejecutivo, organizaciones sociales funcionales y parlamentarios, que suman recursos judiciales, argumentos falaces y eslogan propagandísticos para denigrar a los adversarios, impedir su participación electoral e intimidar a otros actores políticos, asegurándose que los aliados del régimen gocen de impunidad mientras los opositores son perseguidos.
Actualmente, varios países de la región mantienen presos políticos en cantidades que varían según el régimen y la coyuntura, siendo Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia algunos de los casos más representativos. Pese a la negativa de las autoridades, nuestro Estado ha sido denunciado por incurrir en esta práctica, por entidades como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que en 2022 informaron de la existencia de casi 200 personas en esta situación; y la Global Human Rights League que ha identificado a 296 prisioneros por razones políticas en nuestro país.
Uno de los casos más emblemáticos del lawfare es el de Luis Fernando Camacho, Gobernador electo de Santa Cruz y uno de los más relevantes opositores al MAS que, en diciembre de 2022, fue detenido irregularmente y encarcelado en la penitenciaría de Chonchocoro bajo la figura de detención preventiva que ya dura 26 meses.
Actualmente, Camacho enfrenta ocho procesos judiciales por supuestos delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, faltas a la Constitución, racismo y uso indebido de bienes y servicios públicos, con acusaciones que se han ido sumando en la medida en que los casos de verdadero interés para el gobierno, relacionados con los sucesos de 2019, no han podido ser suficientemente “armados” y adolecen de vicios procesales, vacíos y contradicciones.
Hasta ahora todos los recursos para que el Gobernador se defienda en libertad y se garantice el debido proceso han sido rechazados por los jueces. Según los abogados defensores, la Fiscalía basa sus argumentos en recortes de periódicos, portales web, fotocopias simples, e incluso notas de opinión. Las acusaciones son tan inconsistentes que incluso un ex Ministro de Justicia del actual régimen planteó recientemente que se aplicara indulto o amnistía en favor de Camacho, además del líder cívico Marco Pumari y la ex Presidenta Jeanine Añez.
Pese a que este tema ha sido desplazado del interés público, es indudable que el debilitamiento extremo de la institucionalidad, causado por la debacle del sistema judicial, tiene profundas implicaciones sobre el Estado de Derecho, la estabilidad social, la legitimidad del gobierno e incluso la economía. Basta recordar que el riesgo país tiene que ver también con el cumplimiento de las normas de la democracia y los DDHH, y que la adhesión plena de nuestro país al MERCOSUR aún tiene pendiente el cumplimiento de la cláusula democrática que incluye la existencia de presos políticos en los países miembros.
Mientras no se resuelva este problema y no se erradique el lawfare; mientras no se revisen los casos de presos políticos y no se les permita defenderse en libertad, nuestro país no tendrá paz, y por lo tanto, no podrá encarar seriamente ningún proceso de desarrollo con reconciliación, justicia e igualdad.
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